jueves, 17 de enero de 2019

EL DIVORCIO EN EL ECUADOR (SEGUNDA PARTE) EL DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO

El matrimonio civil puede terminar por decisión de ambos cónyuges o esposos, cuando esto ocurre estamos frente a un divorcio por mutuo consentimiento, que puede realizarse por uno de estos dos procedimientos:

De acuerdo a la Ley Notarial de nuestro país, los notarios públicos pueden tramitar el divorcio por mutuo consentimiento y terminación de la unión de hecho, en los casos en que no existan hijos menores de 18 años de edad o  bajo la dependencia de ambos cónyuges o esposos.

En este caso, las partes expresarán bajo juramento, su voluntad libre y definitiva de disolver el vínculo matrimonial o la terminación de la unión de hecho según sea el caso, declarando además que no tienen en común hijos menores de 18 años de edad  o bajo su dependencia. A la solicitud de divorcio realizada por los dos cónyuges o esposos debe adjuntarse la partida de matrimonio.

El notario público ordenará que los comparecientes reconozcan sus respectivas firmas y rúbricas y fijará fecha y hora para que tenga lugar una audiencia, dentro de un plazo (días hábiles y no hábiles) no mayor a diez días, en el que las partes deberán ratificarse en su acuerdo y de viva voz  expresar su voluntad de divorciarse o dar por terminada la unión de hecho. De esta audiencia el notario público levantará un acta en la que declarará disuelto el vínculo matrimonial o la terminación de la unión de hecho de la que, debidamente protocolizada, se entregará copias certificadas a las partes para la inscripción en el Registro Civil.



Si la audiencia no se lleva a cabo en la fecha señalada por la o el notario, los cónyuges o personas en unión de hecho podrán solicitar nueva fecha y hora para que tenga lugar la misma, debiendo cumplirse dentro del plazo de cinco días posteriores a la fecha en la cual debió celebrarse originalmente. De no darse la audiencia, la o el notario archivará la petición.

Para la comparecencia en la audiencia las partes podrán asistir personalmente o nombrando un procurador especial. A petición de las partes y de mutuo consentimiento, la o el Notario en el mismo acto procederá a la liquidación de sociedad de bienes o de la sociedad conyugal según las reglas que hemos visto en anteriores publicaciones.

2. PROCEDIMIENTO VOLUNTARIO ANTE UN JUEZ DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CUANDO HAY HIJOS MENORES DE 18 AÑOS O BAJO DEPENDENCIA DE AMBOS CÓNYUGES O ESPOSOS.

El Código Civil establece que los cónyuges o esposos pueden divorciarse en procedimiento voluntario que se encuentra descrito en el Código Orgánico General de Procesos.

El procedimiento voluntario se inicia con una solicitud firmada por los dos cónyuges, con el patrocinio de un abogado por cada uno, a la que se acompaña la partida de matrimonio y las partidas de nacimientos de los hijos en común. Esta solicitud o demanda se presenta ante un Juez de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en la que también se hacen constar la existencia de bienes conyugales o de la sociedad de unión de hecho.

Recibida la petición el juzgador convocará a los cónyuges o a los convivientes a audiencia, a la cual comparecerán personalmente o a través de un procurador judicial y ratificarán su decisión de dar por terminado el matrimonio o la sociedad de hecho, así como el acuerdo al que han llegado sobre la situación de las o los hijos menores de dieciocho años o bajo su dependencia y de los bienes. 



Previo a la audiencia de divorcio, el juzgador convocará a una audiencia previa (familiar) en la que comparecerán los hijos e hijas menores de 18 años de edad y familiares, cuyos nombres también deben constar en la petición, con la finalidad de nombrar un CURADOR AD LITEM, que es una persona, familiar de los menores de edad, que los representará solamente para efectos de la audiencia del divorcio, a la cual ya no deberán comparecer los hijos. El nombre de la persona que será Curador constará también en la petición.

El juzgador en la misma audiencia pronunciará sentencia declarando disuelto el vínculo matrimonial o la unión de hecho y dispondrá la inscripción de la sentencia en el Registro Civil.

El divorcio por mutuo consentimiento no podrá darse si no existe acuerdo sobre la situación de los hijos menores de 18 años de edad o bajo dependencia de los cónyuges. Situación que comprende pensión alimenticia así como tenencia y forma en que han de darse las visitas a los hijos menores de edad.

En caso de no existir acuerdo sobre los bienes comunes, el divorcio sí puede darse quedando la posibilidad de iniciar los juicios de inventario y partición de la sociedad conyugal o de la sociedad de hecho, esto es la liquidación, de lo cual ya hemos hablado en otras publicaciones.

En la próxima publicación hablaremos sobre el divorcio por causales o litigioso, es decir, cuando no existe acuerdo para terminar el matrimonio.


Escrito por: Consuelo Bowen.
Twitter: @consuemary

lunes, 7 de enero de 2019

EL DIVORCIO EN EL ECUADOR (PRIMERA PARTE)

En Arabia Saudita se acaba de aprobar una ley por la cual las mujeres tienen derecho a recibir un mensaje de texto en su celular, avisándoles si sus esposos se divorcian de ellas, con lo cual se intenta acabar con la práctica conocida popularmente como “divorcios secretos”.

En el Ecuador, las leyes son muy distintas y las mujeres estamos protegidas ante tales prácticas, sin embargo el desconocimiento de los contenidos de las normas que rigen el divorcio en el Ecuador, nos expone a las mujeres poco acostumbradas a los problemas legales, a que se produzcan vulneraciones de nuestros derechos durante un procedimiento de divorcio.


Por eso vamos a empezar el año 2019 con una serie de publicaciones sobre
los procedimientos y formas de divorcio que existen en el Ecuador, y cómo podemos acceder a estos procedimientos.

Lo primero que hay que saber es que una forma de concluir el matrimonio civil
es el divorcio que en el Ecuador es permitido. Existen varios procedimientos para divorciarse en el Ecuador dependiendo de si:

a.- Hay acuerdo entre ambos esposos o cónyuges para divorciarse. En cuyo caso depende el procedimiento de si existen hijos e hijas menores de edad o no.

Este tipo de divorcio se llama DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO.

b.- Si es uno de los esposos o cónyuges el o la que desea divorciarse, para lo cual deben existir causas que quien demanda debe probar. Esta causas están previstas en el Código Civil y son:

1. El adulterio del cónyuge o esposo a quien se pide el divorcio

2. Tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar

3. Estado habitual, cotidiano de falta de armonía de los esposos o cónyuges

4. Amenazas graves contra la vida del cónyuge o esposo que demanda el divorcio

5. Tentativa contra la vida del cónyuge que pide el divorcio

6. Actos ejecutados para involucrar al cónyuge que reclama el divorcio  o a los hijos en delitos.

7. Si el cónyuge a quien se pide el divorcio está condenado a más de diez años de pena privativa de libertad.

8. Que el cónyuge sea ebrio consuetudinario

9. Abandono injustificado por más de 6 meses ininterrumpidos por parte de uno de los cónyuges o esposos.

Este tipo de divorcio se denomina DIVORCIO POR CAUSALES O LITIGIOSO.



En cualquiera de los procedimientos, al existir hijos e hijas menores de 18 años de edad, hijos e hijas discapacitados o que teniendo hasta 21 años de edad se encuentren estudiando, imposibilitados para sustentarse, deberá quedar resuelto la condición de pensiones alimenticias.  También deben quedar establecidas las situaciones de  tenencia  es decir el cuidado diario (no es lo mismo que patria potestad) de hijos menores de 18 años de edad y visitas a los mismos, antes de declararse el divorcio.

Demandar el divorcio no significa renunciar a ningún derecho con respecto a los hijos, así como el patrimonio conyugal. Esta aclaración la realizo especialmente porque muchas mujeres que acuden a mi consulta, por temas de divorcio, temen que de solicitarlo puedan perjudicar la situación de sus hijos e hijas.

En la próxima entrega profundizaremos sobre el divorcio por mutuo consentimiento.


Escrito por: Consuelo Bowen.
Twitter: @consuemary 


martes, 11 de diciembre de 2018

PENSIONES ALIMENTICIAS ADICIONALES, VISITAS Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS A TOMAR EN CUENTA EN DICIEMBRE

Diciembre suele ser el mes en que los anhelos de mejores días para las relaciones familiares afloran, y como madres deseamos que nuestros hijos e hijas disfruten de esta época. Sin embargo muchas veces la realidad nos enfrenta a situaciones que nos exigen entereza e incluso estar alertas muy a nuestro pesar. 

En ese sentido debemos tomar en cuenta que:

1.- Si nuestros hijos e hijas tienen una pensión alimenticia fijada, de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia el alimentado tiene derecho a percibir dos pensiones alimenticias adicionales:

Una que se pagará en septiembre en las provincias del régimen educativo de la sierra, o en abril en las provincias del régimen educativo de la costa.

Otra que se pagará en diciembre.

El pago de las pensiones adicionales se realizará aunque el demandado no trabaje bajo relación de dependencia.

2.- Si nuestros hijos e hijas se encuentran en un régimen de visitas este no se modifica a menos que se haya acordado o previsto en la resolución judicial respectiva.


En caso de incumplimiento del régimen de visitas se debe acudir a un policía de la DINAPEN a fin de que levante el respectivo parte policial, que deberá ponerlo en conocimiento del respectivo Juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. 

Esto lo puede realizar la madre cuando el padre no acude a visitar a su hijo de acuerdo al régimen de visitas determinado, y resulta de mucha ayuda, en caso de reclamaciones posteriores que realice el progenitor en relación a la tenencia, patria potestad o cambio de régimen de visitas.

3.- El no tener recursos económicos en estas fechas, ni en ninguna otra,  NO es causal de pérdida de la tenencia de hijos e hijas. Esta aclaración es necesaria pues muchas mujeres acuden a la consulta a preguntar si el ser pobres o no tener empleo puede ser un motivo para que les “quiten a sus hijos”.

4.- Recordemos que la violencia intrafamiliar puede elevarse en estas épocas.  Las presiones económicas, la falta de empleo o simplemente las mismas relaciones familiares deterioradas pueden catapultar la violencia, ante lo cual debemos estar alertas para actuar:

-Si tiene una denuncia puesta, tenga a mano su boleta de auxilio, es preferible si la tiene emplastificada para que no se deteriore. Es recomendable que una copia de la misma la tengan personas de confianza como algún familiar, amiga o vecina, de manera que si debe llamar a la policía, esta persona pueda apoyar.

-Igualmente tenga en cuenta el botón de auxilio, e identifique las unidades policiales más cercana, las cuales deben estar enteradas de la situación de violencia intrafamiliar. Recuerde, denunciar la violencia y pedir apoyo no debe avergonzarla, al contrario es su derecho.

-Si no tiene una denuncia puesta, y se da un hecho de violencia intrafamiliar puede acudir a la policía para que le preste ayuda, e incluso lleve detenido al agresor en caso de que se de en forma flagrante. Flagrante es cuando una infracción penal es cometida en presencia de otras personas o se la descubre inmediatamente.  Por ejemplo cuando una persona golpea a su pareja en la calle puede llamarse a la policía para que detenga a quien está agrediendo.

-Si por alguna circunstancia se llega a  reclamar pensiones alimenticias o hacer respetar un régimen de visitas y se teme por la integridad física es recomendable poner la respectiva denuncia a fin de contar con medidas de protección. Para ello puede acudir ante la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer, Niñez y Adolescencia. 

Espero que estas notas hayan sido de ayuda.


Escrito por: Consuelo Bowen. 

Twitter: @consuemary 

lunes, 3 de diciembre de 2018

¿QUÉ HACER SI TE DESPIDEN POR ESTAR EMBARAZADA O EN LACTANCIA?

La Constitución de la República del Ecuador, que es la ley que rige sobre las demás, dispone que el Estado debe garantizar a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, el no ser discriminadas en los ámbitos educativos, social y laboral, por lo que de acuerdo al Código de Trabajo vigente de nuestro país, el despido intempestivo de trabajadoras en estado de embarazo o asociado a su condición de gestación o maternidad, es INEFICAZ, es decir no produce la interrupción de la relación laboral, puesto que les protege el principio de inamovilidad o imposibilidad de ser removidas de su puesto de trabajo.

Sin embargo es importante indicar que para que sea aplicable la ineficacia es necesario que se haya notificado previamente al empleador haciendo conocer esa condición, mediante el certificado otorgado por un profesional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y a falta de este, por otro facultativo; salvo que el estado de embarazo sea notorio; o que exista prueba fehaciente  que demuestre que el empleador conocía por algún otro medio del estado de embarazo.


Producido el despido, la persona trabajadora afectada deberá presentar una demanda para que se lo declare ineficaz, ante la Jueza o el Juez del Trabajo del lugar donde este se produjo, en un plazo máximo de treinta días. Como es plazo se cuentan todos los días, incluyendo feriados y fines de semana. Pasados los 30 días caduca la posibilidad de reclamar.

El Juez o Jueza debe revisar la demanda y si reúne los requisitos señalados por el Código Orgánico General de Procesos debe empezar su trámite citando en el plazo de veinticuatro horas a la parte empleadora. Estos requisitos son, principalmente, hacer constar en la demanda los nombres y apellidos completos, número de cédula de identidad o ciudadanía, pasaporte, estado civil, edad, profesión u ocupación, dirección domiciliaria y electrónica de quien presenta la demanda, el RUC de la parte demandada así como sus nombres completos y la designación del lugar en que debe ser citado, la descripción detallada de los hechos ocurridos, los argumentos jurídicos que justifican la demanda, la presentación de los medios con que se prueban los hechos de la demanda, si tales medios no están accesibles para la parte demandante deben ser solicitados al juez.

El Juez o Jueza podrá dictar  medidas para el reintegro inmediato al trabajo de la trabajadora afectada, mientras dure el trámite.

Citado el empleador en 48 horas hábiles deberá realizarse una audiencia en que deben comparecer ambas partes. Esta iniciará por la conciliación, de existir acuerdo, se lo autorizará en sentencia. A falta de acuerdo se procederá a presentar ante el juez o jueza las pruebas que se hicieron constar en la demanda y también las que el empleador hizo constar en su respuesta. La Jueza o el Juez de Trabajo, dictarán sentencia en la misma audiencia. Esta sentencia puede ser apelada ante la Corte Provincial respectiva. Declarada la ineficacia, se entiende que la relación laboral no se interrumpió y se ordenará el pago de las remuneraciones pendientes con el diez por ciento (10%) de recargo. 

La trabajadora despedida puede decidir, a pesar de la declaratoria de ineficacia del despido, no regresar al empleo, en este caso recibirá la indemnización equivalente al valor de un año de la remuneración que venía percibiendo, además de las indemnizaciones generales por despido intempestivo.

Si el empleador se niega al reintegro de la trabajadora,  a pesar de lo dispuesto por el juez o jueza, podrá ser sancionado con la pena establecida en el Código Orgánico Integral Penal por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

Cabe indicar que también es despido ineficaz cuando luego del uso de la licencia sin remuneración para el cuidado de hijos, a la que se acoja el padre o la madre son despedidos por este hecho.

Recordemos que el trabajador o trabajadora, concluida la licencia o permiso por maternidad o paternidad, tienen derecho a una licencia opcional y voluntaria sin remuneración, hasta por nueve (9) meses adicionales, para atender al cuidado de los hijos, dentro de los primeros doce meses de vida del niño o niña. Esta licencia aplicará también para el caso de padres o madres adoptivos.


Escrito por: Consuelo Bowen.

Twitter: @consuemary

miércoles, 21 de noviembre de 2018

LA SOCIEDAD CONYUGAL O SOCIEDAD DE BIENES: A QUÉ TENEMOS DERECHO LAS MUJERES CUANDO NOS DIVORCIAMOS O SEPARAMOS (CUARTA Y ÚLTIMA PARTE)

En esta última entrega vamos a tratar sobre cuándo se termina la sociedad conyugal. Esta se termina cuando:

a.- Se da el divorcio, ya sea por mutuo consentimiento o por causales que constan en el Código Civil (en otros artículos trataremos específicamente sobre cómo se realiza el divorcio en el Ecuador)

-El adulterio de uno de los cónyuges.
Los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros de la familia.

-El estado habitual de falta de armonía en la vida matrimonial.

-Las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro.

-La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro.

-Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar al otro o a los hijos en actividades ilícitas.

-La condena ejecutoriada a pena privativa de la libertad mayor a diez años.

-El que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o toxicómano.

-El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de seis meses ininterrumpidos.

b.- Cuando un cónyuge desaparece y un juez así lo declara, para lo cual deben cumplirse requisitos que el Código civil establece, como es el tiempo transcurrido sin tener noticias de la persona desaparecida y a causa de lo cual se declara muerte presunta (presunta se refiere a que no se ha podido verificar físicamente que así ha sucedido) por parte de un juez.

c.- Cuando cualquiera de los dos cónyuges presenta una demanda o petición ante un juez para que declare disuelta la sociedad conyugal, sin que pueda presentar por parte del otro cónyuge oposición.

d.- Cuando, después de un proceso civil, se declara por parte de un juez, que el matrimonio es nulo, es decir que el acto del matrimonio civil carece de valor, lo cual puede suceder cuando:

-El cónyuge sobreviviente se casa con el autor o cómplice del delito o tentativa de homicidio, asesinato, sicariato o femicidio del cónyuge fallecido o que haya sobrevivido.

-Uno de los cónyuges es menor de 18 años de edad.

-Uno de los cónyuges está casado con otra persona.

-Uno de los cónyuges tiene discapacidad intelectual que afecte su consentimiento y voluntad.

-Los cónyuges son parientes entre sí por consaguinidad o por afinidad (parientes políticos)


Puede existir separación parcial de bienes por lo que esta continuará la sociedad en los bienes que no están considerados en la disolución parcial de la sociedad conyugal.

El cónyuge que tiene a cargo el cuidado los hijos menores de dieciocho años, hijos adultos hasta la edad de veintiún años que demuestren que se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o dificulte trabajar; y, aquellos de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte valerse por sí mismos, tendrá derecho a quedarse en la vivienda familiar, en el caso de que exista un solo bien social destinado a vivienda.

Si uno de los cónyuges dolosamente, o sea con intención de causar daño hubieren ocultado o  diespuesto alguna cosa de la sociedad, perderán su porción en la misma cosa, y estarán obligados a restituir el doble.

La sociedad conyugal una vez disuelta debe someterse a un procedimiento de liquidación y partición de los bienes de la sociedad conyugal, que debe realizarse mediante un procedimiento judicial.

Por último y para concluir debo referirme, a las capitulaciones matrimoniales, estos son acuerdos que celebran los cónyuges antes, al momento de la celebración o durante el matrimonio civil. Estos acuerdos deben hacerse  por escritura pública, es decir ante Notario Público, o en el acta del matrimonio civil. Si se refieren a inmuebles, se inscribirán en el Registro de la Propiedad correspondiente y, en todo caso, se anotarán al margen de la partida de matrimonio civil.

En las capitulaciones matrimoniales se deben poner:

-Los bienes que los cónyuges van a aportar al matrimonio, con expresión de su valor.
La enumeración de las deudas de cada cónyuge.

-El ingreso a la sociedad conyugal de bienes que normalmente no serían parte de ella, por ejemplo si un bien propio de uno de los cónyuges entran al patrimonio conyugal.

-La determinación, por parte de cualquiera de los cónyuges, de qué bienes quedan como propiedad individual de cada cónyuge, por ejemplo si un cónyuge dentro de matrimonio compra un bien.

Si las capitulaciones matrimoniales pueden modificarse siempre que no perjudique los intereses de otras personas.

Con estos artículos, de los cuales este es el último, he tratado de dar nociones básicas sobre la sociedad conyugal y los derechos que tenemos las mujeres cuando nos divorciamos o separamos disolviendo una unión de hecho, en cuanto al patrimonio o conjunto de bienes que adquirimos. Es importante contar con el patrocinio de una o un abogado que nos ayude a aplicar estas reglas generales, a nuestros casos individuales.

No olvidemos que son nuestros derechos que contribuyen a la autonomía económica de cada una de nosotras.


Escrito por: Consuelo Bowen.



Twitter: @consuemary

lunes, 12 de noviembre de 2018

LA SOCIEDAD CONYUGAL O SOCIEDAD DE BIENES: A QUÉ TENEMOS DERECHO LAS MUJERES CUANDO NOS DIVORCIAMOS O SEPARAMOS (TERCERA PARTE)

La sociedad conyugal, así como tiene activos, lo que vimos en la publicación anterior, también tiene pasivos, es decir valores que tiene que pagar la sociedad conyugal a favor de terceros o de uno de los cónyuges. El Código Civil ecuatoriano establece que estos valores son: 

a)  Pensiones e intereses que se generen contra la sociedad conyugal misma o contra uno de los cónyuges, a causa de la sociedad conyugal. Por ejemplo el arrendamiento de la casa que es hogar familiar o los intereses de un préstamo hipotecario destinado a la compra de una casa para la familia.

b) Las cargas y reparaciones hechas a los bienes sociales o de los propios cónyuges a causa del uso, esto es, los costos de mantenimiento, por ejemplo de una casa o un vehículo.

c) Los costos de mantención de miembros de la familia, esto es cónyuges o hijos, incluyendo gastos de enfermedad; por ejemplo de uno de los esposos, y los de educación con respecto a los hijos de los dos cónyuges.

d) Las deudas personales de cada uno de los cónyuges, sin embargo el cónyuge deudor deberá compensar a la sociedad conyugal lo que se gaste en el pago de la deuda.  
En esta categoría entran por ejemplo las deudas que contraen los cónyuges con respecto a sus bienes propios, las deudas para el mantenimiento de los hijos de los cónyuges con otras personas, las multas a las que son condenados uno de los cónyuges a causa de una infracción penal. 

Los costos judiciales o de impuestos debidos por uno de los cónyuges a causa de bienes que no ingresan a la sociedad conyugal, por ejemplo cuando se heredan bienes pero debe pagarse impuestos, los valores pueden ser pagados por la sociedad conyugal pero queda obligado el cónyuge a devolverlos al patrimonio social.

Debe entenderse además que en el caso de las deudas personales, estas deben ser canceladas primero con los recursos propios del cónyuge deudor y luego con los bienes de la sociedad conyugal, que asume la deuda temporalmente, ya que debe ser compensada por el cónyuge deudor.



LA ADMINISTRACIÓN DE  LA SOCIEDAD CONYUGAL:

Una de las últimas innovaciones de la legislación ecuatoriana es que quienes contraen matrimonio deben acordar quien administra la sociedad conyugal y hacerlo constar así en el acta del matrimonio del Registro Civil. El administrador debe sujetarse a lo que determina la Ley por ejemplo con respecto a los pasivos y activos de la sociedad conyugal que ya hemos visto.

Esto significa que el cónyuge a cargo de la administración siempre debe pedir autorización al otro cónyuge para cualquier acto (compra, venta, empeño, préstamos etc.) sobre los bienes de la sociedad conyugal que consistan en inmuebles (casas, terrenos, fincas) vehículos a motor (carros) y de las acciones o particiones mercantiles (acciones en una compañía por ejemplo). Cuando falta esta autorización el acto queda anulado.

En caso de que el cónyuge que deba autorizar no pueda hacerlo, y después de un procedimiento judicial, podrá un juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia dar la autorización.  No poder hacerlo no es lo mismo que no querer hacerlo, lo primero es con respecto a imposibilidades como por estar enfermo, lo segundo hace referencia a no tener la voluntad de dar la autorización pudiendo.

Si alguno de los cónyuges prueba ante un juez que se realizó algún acto (compra, venta, préstamos, ect.) sin su consentimiento o autorización, podrá pedir que se cancele el acto, restituyendo el bien conyugal o puede pedir que se le indemnice o repare con los bienes del otro cónyuge. 

En caso de que el cónyuge administrador de la sociedad conyugal esté imposibilitado o esté ausente por más de tres años sin comunicación alguna, la administración pasará al otro cónyuge. Si el cónyuge administrador regresa o deja de estar imposibilitado asumirá nuevamente la administración.

En el próximo y último artículo trataremos sobre las formas de terminación de la sociedad conyugal y su repartición. 


Escrito por: Consuelo Bowen.

Twitter: @consuemary

lunes, 5 de noviembre de 2018

LA SOCIEDAD CONYUGAL O SOCIEDAD DE BIENES: A QUÉ TENEMOS DERECHO LAS MUJERES CUANDO NOS DIVORCIAMOS O SEPARAMOS. (SEGUNDA PARTE)

En esta ocasión vamos a tratar reglas básicas sobre los activos que componen la sociedad conyugal, que de acuerdo a las leyes ecuatorianas, específicamente nuestro Código Civil, se denominan HABER DE LA SOCIEDAD CONYUGAL y que se compone de:

1.- De los salarios e ingresos de todo tipo de empleos y oficios, que se hayan percibido durante el matrimonio.

2.- De todos los frutos, pensiones, intereses y ganancias de cualquier clase, que sean generados con los bienes adquiridos durante el matrimonio. 

Así mismo de todos los frutos, pensiones, intereses y ganancias de cualquier clase, que sean generados durante el matrimonio por los bienes propios de cada uno de los cónyuges. 

3.- Del dinero que cualquiera de los cónyuges aportare a la sociedad, o durante ella adquiriere. Sin embargo queda la obligación de ser devuelto por parte de la sociedad conyugal.

4.- De las cosas fungibles  y bienes muebles que cualquiera de los cónyuges aportare al matrimonio, o durante el adquiriere; quedando obligada la sociedad a restituir su valor, según el tiempo que tuvieron del aporte o adquisición.

Los bienes o cosas fungibles, son aquellas que se gastan o se destruyen cuando son utilizadas. Un ejemplo  es el dinero: cuando se usa un billete (lo entrega), lo gasta y no puede volver a utilizarlo. De todos modos, puede recuperarlo o reemplazarlo con otro del mismo valor. Los alimentos  son otro ejemplo.

Los bienes se clasifican en muebles e inmuebles. Bienes Muebles, son los que pueden trasladarse de un lugar a otro sin que se alteren o destruyan, por ejemplo, muebles de sala, dormitorio, computadoras, maquinarias, vehículos, herramientas, entre otros. Los inmuebles son por ejemplo, los terrenos, las casas, es decir no pueden trasladarse, o para ello deben ser destruidos o alterados.


5.- De todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio, a título oneroso. Con título oneroso se refiere a aquellas adquisiciones de cosas o bienes que se hace a cambio de dinero, esto es la compra, o también a cambio de otra cosa, lo cual se llama permuta o trueque. O cuando se cambia moneda nacional por moneda de otro país.

Esta lista puede modificarse a través de capitulaciones que es un acuerdo entre los cónyuges y de lo cual, hablaremos en un artículo posterior. 

No son parte de la sociedad conyugal: 

1. Los bienes de cualquier naturaleza que hayan sido adquiridos por los cónyuges antes de contraer matrimonio.

2. Los bienes obtenidos a título gratuito (sin ningún costo), por ejemplo los premios, los provenientes de herencias o legados y donaciones (regalos)

3. El inmueble que sustituye a un inmueble propio de alguno de los cónyuges. Por ejemplo si el cónyuge antes de casarse compra una finca, y durante el matrimonio sustituye la finca por otra finca, esta no es parte de la sociedad conyugal.

4. Las cosas compradas con valores propios de uno de los cónyuges, cuando así se lo acordó entre los cónyuges en una capitulación matrimonial o en una donación por causa de matrimonio, por ejemplo si una persona regala dinero a uno de los cónyuges para que compre un bien.

5. Los aumentos materiales que acrecen a cualquier bien de uno de los cónyuges, formando un mismo cuerpo por ejemplo, edificación o plantación. Por ejemplo si un cónyuge compra antes de casarse un terreno y durante el matrimonio construye o hace una plantación, esto no es parte de la sociedad conyugal.

Existen otras reglas que las señaladas aquí como básicas, que deben considerarse como que toda cantidad de dinero y de cosas o bienes, los créditos, derechos y acciones que estén en poder de cualquiera de los cónyuges al tiempo de terminar la sociedad conyugal, se presume pertenecer a ella, a menos que aparezca o se pruebe lo contrario. Sin embargo, se consideran como pertenecientes a cada cónyuge, sus vestidos, y todos los muebles de su uso personal necesario.

En la siguiente entrega hablaremos de los pasivos del patrimonio conyugal o cargas.

Escrito por: Consuelo Bowen.

Twitter: @consuemary

lunes, 29 de octubre de 2018

LA SOCIEDAD CONYUGAL O SOCIEDAD DE BIENES: A QUÉ TENEMOS DERECHO LAS MUJERES CUANDO NOS DIVORCIAMOS O SEPARAMOS. (PRIMERA PARTE)

Los “asuntos” económicos o de bienes, ya sea  que se trate de un matrimonio o de una unión de hecho, suelen ser los menos abordados por la mayoría de mujeres, cuando se llega al  divorcio o a la disolución de una convivencia. La situación de los y las hijas, la culpa que la sociedad endilga, equivocada pero frecuentemente a las mujeres por el “fracaso” del hogar, o simplemente el hecho de considerar, erróneamente, que al no haber trabajado fuera de la casa no tienen derecho a nada. Son circunstancias que las inhiben de tratar sobre los temas financieros, tras la ruptura matrimonial o de unión.

Frecuentemente a mi consulta han llegado mujeres que luego de un divorcio, ya sea por mutuo consentimiento o por causales, o después de terminar una unión de hecho, se han animado a preguntar a qué bienes o recursos económicos tienen derecho. Pregunta completamente legal y sobre todo legítima, pero que implica empezar a conocer sobre el lado financiero del matrimonio o la convivencia. 

Por esta razón publicaré una serie de artículos para tratar sobre los derechos que tienen las mujeres en la sociedad conyugal o en la sociedad de bienes, sin que pretenda agotar todas las cuestiones que alrededor de este tema existen.


Antes de entrar en materia es necesario hacer tres precisiones. La primera  es que no hay nada de “malo o interesado” en hablar del patrimonio conyugal o de la unión de hecho, cuya liquidación y repartición  hay que resolver después de una ruptura, pues es un derecho que nace precisamente al contraer matrimonio o  establecer una unión de hecho. 

La  segunda precisión, es que existen dos leyes primordiales al tratar del patrimonio conyugal o de sociedad de hecho, en el Ecuador,  y que son el Código Civil,  Libro Primero (está compuesto de un preliminar y cuatro libros referidos a las personas, bienes, herencias, contratos) que nos señala conceptos y reglas sobre esta materia , y el Código General de Procesos, que nos indica cómo deben proceder los jueces en caso de divorcio, o de disolución, liquidación o repartición de bienes.

La tercera, es que de acuerdo al Código Civil, al establecerse una unión de hecho, se generan los mismos derechos y obligaciones que un matrimonio, inclusive en lo relativo a la sociedad conyugal, es decir, se origina  una sociedad de bienes con las mismas reglas de disolución, liquidación y partición que la sociedad conyugal. En este sentido, y sólo por cuestiones metodológicas me referiré a las normas referentes a la sociedad conyugal, que en general se aplican también a la sociedad de bienes de la unión de hecho, al final de esta serie de artículos realizaré precisiones al respecto.

Con el matrimonio civil nace también la sociedad conyugal. Sin embargo es perfectamente posible que cada cónyuge conserve la propiedad y administración de  bienes propios, así como la obligación de sufragar sus deudas, si se efectúan lo que se denomina CAPITULACIONES MATRIMONIALES, o también puede darse el caso que durante matrimonio se realice la DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD COYUNGAL, que no significa que se disuelva el matrimonio. Situaciones de las cuales hablaremos posteriormente.

El patrimonio  de la sociedad conyugal se caracteriza por la existencia de dos grandes partes: los activos y los pasivos de la sociedad conyugal, contraídos desde que se efectúa el matrimonio. 

En la próxima entrega trataremos sobre los activos de la sociedad conyugal.

Escrito por: Consuelo Bowen.

Twitter: @consuemary

lunes, 22 de octubre de 2018

LA PRÁCTICA LEGAL PRIVADA Y EL ABORDAJE EN CASOS DE VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

La elaboración de las leyes y su aplicación posterior sin duda requieren de la experticia de los abogados y abogadas. Desde el lenguaje hasta la ritualidad subyacente en la ciencia jurídica hace necesario el desarrollo de herramientas que nos son entregadas en las aulas universitarias, y aún más en el mundo de la práctica legal.

Sin embargo, es importante que la ciudadanía en general conozcan de manera sencilla y práctica el contenido de nuestro sistema legislativo, extenso, a veces enredado y hasta contradictorio, no sólo para que podamos conocer nuestros derechos, esa categoría tan mentada pero difusa a la vez, sino que podamos, de ser necesario, reclamar su reparación cuando han sido vulnerados, a través de los mecanismos de la administración de justicia. 

En este sentido, muchas mujeres estamos muy poco “acostumbradas” a los intríngulis legales y nos vemos enfrentadas en no pocas ocasiones al mundo de las leyes, que nos deja más inquietudes que certezas. En el caso de las mujeres que viven violencia en sus hogares, o que han sido víctimas de algún tipo de abuso, esto supone además una carga doble, pues al ser  víctimas se ven expuestas a lo que llamamos revictimización, que no es otra cosa que nuevamente revivir episodios de violencia o enfrentar nuevas formas de maltrato.


Al respecto mucho se ha hablado del papel que juegan las y los jueces, fiscales, defensores públicos y otros funcionarios que actúan en la administración de justicia, a la hora de atender a la ciudadanía en general y en especial a las mujeres que requieren protección frente a abusos y violencia, pero poco o nada se ha mencionado el rol de los y las abogadas particulares.

Quienes hemos litigado entendemos las dificultades y limitaciones que tiene el ejercicio de la abogacía, sabemos lo delicado y laborioso de nuestra profesión, pero, ¿cómo establecer una comunicación efectiva cuando nuestra cliente es una mujer que ha sufrido violencia intrafamiliar, sexual o cualquiera otra forma de violencia basada en género?

Desde mi experiencia como abogada litigante, en especial en organizaciones de defensa de derechos de las mujeres, debo comentarles que  ha sido y es un aprendizaje continuo, el poder comunicar adecuadamente lo que dicen nuestras normas y cómo deben ser aplicadas.¿Cuándo se trata de contener a una mujer que ha sido víctima de violencia basada en género?

De este aprendizaje es fundamental recalcar que hay tres importantes consideraciones a la hora de asumir la defensa de una mujer víctima de violencia desde un enfoque de género. La primera es escuchar con empatía, no con compasión ni lastima, pues lo que queremos es que las mujeres vayan empoderándose y apoderándose de su propio proceso legal, para al final convertirse de víctima a una sobreviviente. 


La segunda consideración es no culpar, lo que significa que debemos enfatizar que la víctima no provocó el hecho de violencia, y que es una oportunidad para salir de la situación que la victimiza. Además es fundamental identificar qué motiva a una mujer a denunciar, por ejemplo violencia intrafamiliar, la que probablemente vivió por años, tal vez uno de sus hijos empezó a recibir también maltrato, o el hecho violento fue con armas, etc. Ese motivo nos podrá ayudar a comprender mejor las inquietudes y preocupaciones de la víctima. 

La tercera consideración es que no somos los abogados los que debemos tomar decisiones, pues cuando las tomamos en lugar de las víctimas corremos dos riesgos, el que la víctima no se empodere y en algún momento deserte del proceso o el que se generen dependencias “emocionales”, cuando lo que se requiere es que la víctima pueda ir construyendo autonomía. Los y  las abogadas debemos presentar y aconsejar sobre opciones y posibilidades, no escogerlas.

Por último, es importante no descartar el apoyo de psicólogos  que puedan ayudarnos a fortalecer a la víctima, lo que no significa de manera alguna que su salud mental esté afectada, sino que para las mujeres, especialmente las que son víctimas de violencia, el proceso legal se presenta en la mayoría de los casos como un último recurso, y a veces una oportunidad de salvar su propia vida, lo que en sí mismo ya es un conflicto interno.


Escrito por: Consuelo Bowen.

Twitter: @consuemary

lunes, 15 de octubre de 2018

LOS COSTOS DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR Y SU IMPACTO EN LAS EMPRESAS

Desde el 2011, según datos oficiales, sabemos que en el Ecuador 6 de cada 10 mujeres han sufrido algún tipo de violencia en el ámbito familiar, es decir: física, psicológica o sexual, según la clasificación más generalizada. El fenómeno de la violencia intrafamiliar es complejo y multidimensional y sus impactos son variados.

Una de las consecuencias de la violencia intrafamiliar es el efecto negativo en la macro y microeconomía de un país. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, los costos de la violencia intrafamiliar, en la microeconomía, se puede dividir en cuatro categorías: costos directos, efectos no monetarios, efectos multiplicadores económicos y efectos multiplicadores sociales. Los costos directos incluyen el valor de los bienes y servicios (servicios de salud, unidades judiciales, entre otros) destinados a la prevención, atención a las víctimas, y sanción a los agresores.  Entre los efectos multiplicadores económicos tenemos menor participación de las mujeres en el mercado laboral, menos productividad laboral, ausentismo, alta rotación de personal, pérdida de talento humano capacitado y el presentismo.

Las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar son menos productivas en su trabajo lo que constituye una pérdida directa para la producción nacional. A su vez las mujeres que son menos productivas tienden a ganar menos ingresos y esto, a su vez, implica un menor gasto de consumo y un consecuente menor nivel de demanda agregada. Además, la violencia intrafamiliar requiere del uso de escasos recursos (incluyendo gastos en los sistemas policiales, judiciales y la provisión de servicios sociales) que, de lo contrario, podrían ser usados para otros propósitos. Cabe indicar también los impactos sociales como la reducción en la calidad de vida de las personas, así como daños no cuantificables como el entorpecimiento del desarrollo de niños y niñas que viven en hogares violentos.


De acuerdo al estudio “Una aproximación a los costos de la violencia y la inseguridad en México”, de marzo de 2014, realizado por el Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C. “un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID, 2000) calculó el total de las pérdidas económicas en México a causa de la violencia en 12.3% de su PIB total”.

En el Perú, de acuerdo a la investigación, “Los costos empresariales de la violencia contra las mujeres en el Perú”, de marzo de 2013, realizado por la Cooperación Alemana al Desarrollo-GIZ: “La violencia contra las mujeres ocasiona consecuencias laborales significativas, reportadas por las propias trabajadoras y trabajadores. En el Perú, producto de  la  violencia  contra  las  mujeres,  se  deja  de  trabajar  casi  70  millones de días por año, representado una pérdida mínima de 6.744 millones de dólares americanos, un equivalente a 242 mil 872 personas tiempo completo que han dejado de producir durante un año. Considerando el Producto Bruto Interno (PBI) del Perú (estimaciones a mayo de 2012), el costo empresarial de la violencia contra las mujeres oscila entre 3.7% y 3.9% del PBI”.

En el Ecuador, según un estudio denominado “Los costos invisibles de la violencia contra las mujeres para las microempresas ecuatorianas”, realizado por Cooperación Alemana al Desarrollo-GIZ, de agosto de 2013: “Consecuencia de la violencia de pareja, estos representan un gasto anual de 185 dólares por mujer, ascendiendo a la suma de 22'922.000 dólares anuales; un equivalente al 9% de todos los ingresos generados por las mujeres víctimas de violencia en el último año. Los gastos de bolsillo de las microempresas que han sufrido violencia anterior al último año, son 13,5% más altos (USD 214); un equivalente a 63'876.000 dólares”.

Por lo dicho es importante alentar a las empresas y negocios en general, a tomar acciones efectivas para prevenir la incidencia de la violencia intrafamiliar entre sus trabajadoras y trabajadores, disminuyendo así los costos micro y macroeconómicos, en este sentido el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM con más 30 años de experiencia ayudando a construir metodologías de prevención y atención a las víctimas de la violencia intrafamiliar, coadyuvando al desarrollo económico del Ecuador, busca apoyar a las empresas, negocios e instituciones a establecer rutas para disminuir la violencia intrafamiliar.


Reducir la incidencia de la violencia intrafamiliar en la vida de las mujeres trabajadoras protege la capacidad productiva de un negocio o empresa, que lo redunda en mantener su autonomía económica que es parte de la reparación de los proyectos de vida de las víctimas de violencia intrafamiliar, por lo que para nuestra organización es imperativo asegurar los espacios productivos y laborales para las mujeres.

Como institución estamos comprometidas a coadyuvar a que las mujeres ejerzan su derecho a una vida libre de violencia, garantizando su participación como sujetas activas del empoderamiento económico de la sociedad.


Escrito por: Consuelo Bowen Manzur

Twitter: @consuemary