lunes, 27 de abril de 2020

PARIR EN TIEMPO DE PANDEMIA

La emergencia sanitaria nos sorprendió a todos y todas en diferentes circunstancias. Una de las probabilidades es que a no pocas mujeres las haya pillado embarazadas. Más allá de las condiciones que pudieron ya estar presentes, se agregó un elemento más, la posibilidad de contagiarse con el virus COVID 19.

Cabe recordar que en la Constitución de la República las mujeres embarazadas están consideradas como grupo de atención prioritaria, lo cual, significa que recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. El Estado a través de sus instituciones públicas, prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad, es decir aquellas que estar afectadas por múltiples condiciones que limitan su bienestar, por ejemplo, mujeres que se encuentren embarazadas y sufran violencia, para lo cual deberán existir mecanismos de protección. 

Dice la norma constitucional que el Estado, debe garantizar a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia derechos como :1. No ser discriminadas en los ámbitos educativo, social y laboral; 2. GRATUIDAD de los servicios de salud materna que brinda el Estado, en el sistema de salud pública; 3. Protección prioritaria y cuidado de la salud integral y de su vida durante el embarazo, parto y posparto, y; 4. Disponer de facilidades necesarias para su recuperación después del embarazo y durante la lactancia.


Estos derechos se mantienen aún en estado de emergencia, por lo tanto, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, aquellas mujeres embarazadas que son casos sospechosos o confirmados del nuevo coronavirus, tienen derecho a recibir atención de alta calidad y atención de salud prenatal, neonatal, postnatal, intraparto y mental. Dicha organización ha explicado que, aunque no hay pruebas de que las mujeres embarazadas corran mayor riesgo, es indispensable adoptar precauciones para protegerse del Covid-19. Recordó que las mujeres embarazadas experimentan diferentes transformaciones en sus cuerpos y sistemas inmunitarios, por lo que pueden verse afectadas por algunas infecciones respiratorias.

El Ministerio de Salud Pública ha emitido “Recomendaciones para los profesionales de la salud para el manejo y cuidado de la salud de las mujeres durante el embarazo, el parto, puerperio, periodo de lactancia, anticoncepción y recién nacidos en caso de sospecha o confirmación de diagnóstico de COVID-19” en que se puede leer: 

“El embarazo es un estado fisiológico que predispone a las mujeres a complicaciones respiratorias de infección viral, debido a los cambios en su sistema inmunitario y respiratorio. Los niveles altos de progesterona actúan sobre el centro respiratorio produciendo una disminución del volumen de reserva espiratoria (volumen residual) por tanto una disminución de la capacidad residual funcional, con un aumento del consumo de oxígeno y un aumento del volumen corriente de 500 a 700 ml debido a una ligera hiperventilación que llevara a Hipocapnia y un aumento de la excreción renal de bicarbonato con leve alcalosis respiratoria.


La tasa de letalidad de la infección por SARS-CoV2 entre mujeres embarazadas fue hasta de un 25%, sin embargo, no hay evidencia de que las mujeres embarazadas sean más susceptibles a la infección por COVID-19 o que aquellas con infección por COVID-19 sean más propensas a desarrollar neumonía grave, pero los datos existentes son limitados.” 

Según Naciones Unidas las embarazadas deben tomar las mismas precauciones que el resto de la población para evitar COVID-19 a través de medidas como lavarse las manos con frecuencia con un desinfectante de manos a base de alcohol o con agua y jabón, mantener distancia física con las demás personas, y evitando lugares concurridos, evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca, Cubrirse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar. El pañuelo usado debe ser desechado inmediatamente.

Las mujeres embarazadas y las que hayan dado a luz recientemente, incluidas las afectadas por la COVID-19, deben acudir a sus citas médicas de rutina, y no suspenderlas por la pandemia por lo que el Estado debe garantizar la atención en salud materna, en el marco de los servicios de salud sexual y reproductiva que deben ser parte de los servicios esenciales. La OMS ha pedido a los países que den prioridad a las embarazadas que presenten síntomas para realizarles las pruebas correspondientes del virus.


Las mencionadas recomendaciones del Ministerio de Salud Pública INCLUYEN entre otras: 

Tener en cuenta que los casos leves que no requieren ingreso hospitalario se deberá orientar aislamiento preventivo obligatorio de 14 días, lo que será determinado por el personal de salud. 

Las mujeres embarazadas con infección sospechosa, probable o confirmada de COVID-19, pueden necesitar pasar tiempo en aislamiento, siendo importante garantizar el acceso a información y atención especializada, respetuosa y centrada en la mujer; sobre cuidados en el embarazo parto y posparto de forma integral , que incluya la salud mental y apoyo psicosocial, asi como orientaciones para identificar riesgos obstétricos o fetales. 



Escrito por: Consuelo Bowen.

Twitter: @Consuemary 


lunes, 20 de abril de 2020

EL TRABAJO DE CUIDAR A OTROS HUMANOS

La Organización Internacional del Trabajo, OIT, es una agencia de la Organización de Naciones Unidas, ONU, que reúne a empleadores, trabajadores y gobiernos de 187 países, entre ellos Ecuador, para acordar y establecer normas laborales, formular políticas públicas y elaborar programas a fin de promover el trabajo de mujeres y hombres en condiciones dignas. 

El 7 de abril de 2020, la OIT publicó en su portal Web, una noticia titulada “Trabajadoras sanitarias: Trabajo sin descanso en hospitales y en el hogar”, en que dio a conocer que las “mujeres constituyen más del 70% de los trabajadores sanitarios de todo el mundo, incluidos los que llevan a cabo su labor en instituciones de prestación de cuidados. Están en primera línea de la lucha contra el COVID-19 y las últimas semanas han sido las más difíciles de su vida. A raíz de la pandemia deben hacer frente a un doble reto: turnos laborales más largos y más trabajo en el hogar.”

De acuerdo a la referida agencia de ONU, el trabajo de cuidar a otros humanos, o el trabajo de cuidado o cuidados, comprende dos tipos de actividades superpuestas: uno, las actividades de cuidado directo, personal y relacional, como dar de comer a un bebé o cuidar de un cónyuge enfermo, y dos, las actividades de cuidado indirecto, como cocinar y limpiar.


Este tipo de trabajo además se puede dividir según si se percibe o no una remuneración. El trabajo de cuidados no remunerado consiste en la prestación de cuidados directos o indirectos, sin recibir una retribución económica a cambio, como el que realizan las personas, en su mayoría mujeres, para sus familias en sus hogares.

¿Y por qué las actividades de cuidado no remunerado se consideran trabajo? pues porque son tareas que crean las condiciones necesarias y básicas para que las personas puedan realizar actividades productivas. Por ejemplo, la preparación de comida, lavado de ropa, limpieza del hogar, sirven para que quienes se dedican a labores productivas las realicen alimentados, con ropa limpia y puedan descansar en casas igual de limpias y ordenadas. Más allá de los sentimientos que pueden acompañar dichas tareas domésticas, estas son fundamentales para que la fuerza laboral se desempeñe.  

Las Cuentas Satélite del Trabajo No Remunerado en el Ecuador es un conjunto de estadísticas oficiales que permite valorar el tiempo destinado a actividades productivas del hogar y la comunidad, que no recibe ningún tipo de compensación económica; y que se encuentran fuera de la frontera de la producción de las Cuentas Nacionales. Según esta cuenta Satélite del Hogar, en el 2014 el trabajo no remunerado de las mujeres en el Ecuador representó el 15% del Producto Interno Bruto, PIB, esto es, de la producción de bienes y servicios generados por el país. 


El trabajo de cuidados remunerado, en cambio, es realizado por trabajadores y trabajadoras del cuidado a cambio de una remuneración o beneficio. Estos comprenden una gran diversidad de trabajadores de los servicios personales, como el personal de enfer¬mería, el personal médico, y los trabajadores y trabajadoras del cuidado personal. Las tra¬bajadoras y trabajadores domésticos, que prestan cuidados tanto directos como indirectos en los hogares, también integran la fuerza de trabajo dedicada a la prestación retribuida de cuidados. 

En la citada nota informativa de la OIT, se menciona que “en circunstancias normales, las mujeres realizan, en promedio, 4 horas y 25 minutos de trabajo de prestación de cuidados no remunerados a diario, frente a 1 hora y 23 minutos en el caso de los hombres”. En el Ecuador, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, las mujeres destinan, en promedio, 4 veces más tiempo al trabajo de cuidado no remunerado que los hombres.

Según la OIT, en su nota del 7 de abril pasado, “la pandemia, que ha provocado el cierre de escuelas y guarderías, así como de otros centros de cuidados, ha aumentado sustancialmente el tiempo que se dedica a diario a este tipo de trabajo no remunerado…” además indica que “el caso, en particular, de las trabajadoras sanitarias en hogares donde son el único responsable familiar. No disponen, por lo general, de otras alternativas para cuidar a sus hijos y a sus padres de más edad al regresar del trabajo, con el consecuente riesgo de infectarlos con el COVID-19.”.


El trabajo de cuidar a otros seres humanos conlleva esfuerzos y riesgos, que en época de pandemia se pueden ver incrementados, por lo tanto, es necesario que como sociedad aprendamos a revalorizarlo. Leía en redes sociales, que al fin nos damos cuenta del valor de una persona profesional de la salud, frente a otras actividades más “glamorosas” y admiradas. 

Un aprendizaje de la crisis sanitaria que atravesamos es precisamente comprender la importancia del trabajo de cuidado remunerado o no, para nuestra sobrevivencia como especie. 

Escrito por: Consuelo Bowen.

Twitter: @Consuemary 

jueves, 16 de abril de 2020

LAS MUJERES FRENTE A LA ECONOMÍA EN TIEMPOS DE PANDEMIA (SEGUNDA PARTE)

A nivel mundial, de acuerdo con el Informe Temático de 2019, de la OIT, titulado “Mujeres en el mundo del Trabajo”, Las mujeres se concentran en determinados oficios como el comercio y, fundamentalmente, los servicios. En concreto las mujeres son mayoría en el empleo del sector de servicios comunales, sociales y personales (64 %)

En el Ecuador, en el 2019, antes de la pandemia, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), el índice de empleo adecuado en el país fue del 44,8% para hombres, frente al 30,6% para mujeres. Para diciembre 2019, el ingreso laboral promedio de un hombre con empleo es USD 345,5; mientras que para una mujer con empleo es de USD 292,7. De acuerdo al Atlas de Género que en le 2018 presentó el mismo INEC, las mujeres con empleo adecuado se sitúan con frecuencia en el comercio y en los servicios. Sí los sectores más afectados por la pandemia.

Existen áreas donde el porcentaje de participación de la mujer es mucho menor así construcción (6 %), transporte y almacenamiento (9 %), explotación de minas y canteras (15 %), entre otros ejemplos. En tanto hay otros ámbitos donde sube notablemente la presencia femenina, como son los servicios domésticos (94 %), enseñanza (67 %) o servicios sociales y de salud (66%). De acuerdo a la OIT las mujeres seguimos mayoritariamente en ocupaciones relacionadas a los cuidados. 


Por otra parte, las mujeres de acuerdo a ONU MUJERES (2017) son aproximadamente el 47% del trabajo informal en Ecuador, otro sector impactado negativamente por las actuales condiciones. 

Las mujeres enfrentamos condiciones de desigualdad con respecto a los hombres, en términos laborales, no solamente por la poco presencia que tenemos en puestos directivos de mejor remuneración, sino porque de acuerdo a las cifras del INEC, 2012, las mujeres en Ecuador destinamos en promedio cuatro veces más tiempo a las ocupaciones del hogar o domésticas, que los hombres. En promedio, la mujer dedica 31,49 horas mientras el hombre dedica 9,09 horas. Una diferencia de 17,53 horas.

El gobierno ecuatoriano deberá dar lectura a datos como estos, para asegurar que las mujeres ecuatorianas seamos parte de la solución. Por ejemplo, en una publicación de Annette Ssemuwemba, en World Economic Forum, de 27 de marzo de 2020 se indica que el comercio electrónico tiene el potencial de establecer condiciones de igualdad para las mujeres en los países en desarrollo, por lo que los estados y la sociedad civil deben garantizar el acceso digital a las mujeres. 

“Para las microempresas y las pequeñas empresas (MIPYMES)propiedad de mujeres, especialmente las de los países menos adelantados el potencial del beneficio es aún mayor. ¿Por qué motivo? Porque los espacios digitales deberían proporcionar a hombres y mujeres las mismas oportunidades. Asimismo habida cuenta de las barreras culturales existentes en algunas sociedades que exigen que las mujeres se queden en casa, el comercio electrónico ofrece a las mujeres la libertad de trabajar desde casa mientras amplían sus negocios…” Reducir la brecha digital para las mujeres, en la misma publicación refiere a estudios realizados en varios países e indica que una vez en línea las mujeres tienen entre un 30 y 50% menos de probabilidades que los hombres para aumentar sus ingresos o participar en la vida pública.


Cabe indicar que las mujeres que tienen pequeños emprendimientos enfrentan dificultades para mantenerlos y crecer, por lo que muchas veces terminan diluyéndose en el mercado, esto de acuerdo a lo que indica la Agenda Nacional para la Igualdad de las Mujeres y Personas LGBTI, 2018-2021 y los datos de “la Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias, en 2016, el crédito promedio otorgado a las mujeres alcanzó la suma de $ 1.318,78 dólares, en tanto que entre los hombres el valor es superior: $ 2.348,64 dólares. Ello indica, que los recursos a los que acceden las mujeres en promedio, están muy por debajo (56,17% menos) de los que se otorgan a los hombres. El acceso a recursos financieros incide de forma directa en el crecimiento de los emprendimientos productivos, apenas el 18% de mujeres son propietarias de empresas grandes, cifra muy por debajo del 82% de hombres propietarios; y, a pesar que la brecha se reduce un poco, la diferencia también es grande entre las propietarias (30,3%) y los propietarios (69,7%) de las pequeñas y medianas empresas (PYMES)…” 

Una medida importante en este sentido sería ampliar la conectividad y propender a la educación digital de las mujeres, a fin de que desde nuestras casas podamos emprender por ejemplo en el comercio electrónico, lo que supone abrir líneas de crédito dirigidas a nosotras. Las mujeres tenemos la capacidad de involucrarnos en la vida económica y política del país. Debemos hacerlo. 

Escrito por: Consuelo Bowen.

Twitter: @Consuemary 

martes, 14 de abril de 2020

LAS MUJERES FRENTE A LA ECONOMÍA EN TIEMPOS DE PANDEMIA (PRIMERA PARTE)

En el Ecuador mediante Acuerdo Ministerial 126-2020, de 11 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública, declaró el Estado de Emergencia Sanitaria, para impedir la propagación del COVID -19. El 16 del mismo mes y año, mediante Decreto Ejecutivo No. 1017 el Presidente de la República, declaró el Estado de Excepción por calamidad pública a propósito del COVID -19.

El Estado de excepción suspende o restringe el derecho al libre tránsito y la libertad de reunión y asociación con el objetivo de mantener una cuarentena comunitaria obligatoria, para contener el contagio de la enfermedad. Salvo algunas excepciones referidas a la atención médica, distribución de alimentos y sectores de producción del país de los llamados estratégicos. Así mismo se suspendió la jornada presencial de trabajo, quedando habilitados solo los servicios relacionados a los ámbitos ya mencionados. 

De acuerdo a un informe de abril 2020 del BID, realizado por el Departamento de Países Andinos, “Ecuador es uno de los países más afectados económicamente por el avance del virus COVID-19 debido a su dependencia de los precios del petróleo y a su relación comercial con China, Estados Unidos y otros países afectados por el virus. El precio actual del barril de petróleo (US$26 para el WTI) está por debajo de los 51 dólares por barril incluidos en el presupuesto de 2020. Esto afecta a los ingresos del Estado, ya que los ingresos del petróleo cayeron en los dos primeros meses del año un 27,6%15, aunque los menores precios del petróleo también reducen el costo de los subsidios.


¿Cómo impactan estas condiciones en el desenvolvimiento económico de las mujeres que trabajan fuera del hogar? La respuesta a esta pregunta debe dar cuenta de las líneas correctas y las medidas adecuadas, para palear la crisis económica que está presente junto a la crisis sanitaria.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un comunicado de 11 de abril de 2020 hizo un llamado a los Estados a incorporar la perspectiva de género en la respuesta a la pandemia del COVID-19 y les recomienda “partir de un enfoque interseccional en todas las respuestas de los Estados para contener la pandemia, teniendo en cuenta los distintos contextos y condiciones que potencializan la vulnerabilidad a la que las mujeres están expuestas, como la precariedad económica, la edad,…”

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) calculó que la crisis ocasionada por la pandemia del COVID-19 ha destruido al menos 14 millones de empleos en América Latina, especialmente en el comercio y los servicios. “Estamos ante una destrucción masiva de empleos”, dijo el director regional de la OIT Vinícius Pinheiro, en un comunicado de 8 de abril del corriente año, que realizó la entidad. Se señaló además, que el virus causa en la región, la pérdida de 5,7% de las horas laborales en el segundo trimestre. Los sectores más expuestos al riesgo, de acuerdo con la OIT, incluyen los servicios de hospedaje y restauración, la manufactura, el comercio minorista y las actividades empresariales y administrativas. Es decir, los segmentos donde hay mayor presencia femenina.

En la próxima entrega continuaremos profundizando sobre las mujeres frente a la economía en tiempos de pandemia.


Escrito por: Consuelo Bowen. 

Twitter: @Consuemary

lunes, 6 de abril de 2020

"QUÉDATE EN CASA" Y SALVA TU VIDA... ¿O NO?

He estado alejada de mi blog por mucho tiempo, debido a situaciones laborales, lo que no es excusa sin duda, en todo caso, dicen que toda situación lamentable como la que vivimos hoy en Ecuador, y  en todo el mundo, puede ser una oportunidad para comenzar o retomar tareas. Retomo este blog, con el compromiso de que cada semana publicaré artículos acerca de diferentes tópicos de interés para nosotras, no solo sobre Derecho sino sobre Economía y política. Debemos entre nosotras ayudar a informarnos y comprender situaciones de contextos distintos que suelen escribirse sin nosotras. ¡Comencemos! 

contextos distintos que suelen escribirse sin nosotras. Comencemos. En Ecuador, marzo 17, de este año 2020, nos trajo un reto social mundial. Quedarnos en casa para salvar nuestras vidas. El problema es que para muchas mujeres la casa resulta un lugar peligroso. Un sitio que bien puede ser el escenario de su propia muerte y no a causa del coronavirus precisamente. 

Existe una pandemia que nunca ha cesado. Que afecta a cientos de mujeres en todo el globo terráqueo. La violencia intrafamiliar, o doméstica. Puede parecer exagerado, pero por considerar que no era para tanto, una enfermedad nos tiene confinados, situación que, aunque se trate de romantizar , devolviendo nuestra mirada al hogar, como la matriz olvidada de nuestra felicidad, que sí y ojalá así sea, es obligatoria, o por lo menos de no libre elección. Y cuando el derecho a decidir se ve limitado, como en todo, entonces ya no puede haber tanta felicidad. ¿O sí? 


Y esa es una condición que puede agravar aún más un contexto de violencia en el hogar. El aislamiento físico con las connotaciones emocionales y físicas que puede ocasionar, puede ser un detonante en contexto de mucha tensión. No olvidemos además de que el factor de dificultad en lo económico puede abonar a que existan episodios de violencia. Entonces, ¿qué hacer?

Bueno. Primero tener una estrategia. Un plan de auxilio. Esto parte del hecho de si ya has vivido violencia física o psicológica, e incluso sexual, puede probablemente repetirse. Desde el control de tus cosas personales, como el celular o el monedero hasta golpes o forzarte a tener relaciones sexuales, es violencia, Recuérdalo.

No bajar la guardia en pocas palabras, estar atenta. Esta planificación debe tomar en cuenta que no debes permitir que el aislamiento físico se convierta en aislamiento emocional de tu familia, amistades o seres queridos. Por lo tanto, tener a alguien de confianza, a quien pedir ayuda es importante. Si ya has hecho una denuncia previa, y por cualquier motivo aún convives o has regresado con el agresor, es recomendable que saques una copia de la boleta de auxilio o de las órdenes de protección y se las des a esa persona, para si lo necesitas, se encargue de llamar a la policía. Toma en cuenta que las órdenes de protección están vigentes, aun cuando estamos en estado de emergencia sanitaria. Acuerda con esa persona una palabra clave, que de recibirla en mensaje desde tu número de celular o de cualquier otro, signifique que estás en peligro.


Si no has presentado denuncia o no tienes medidas de protección, mantén contacto diario con una persona de confianza, dile de tu preocupación y acuerda una hora en que se comuniquen, de no hacerlo significará que estas en peligro, y alerte a personas cercanas sobre la situación y si es preciso soliciten ayuda policial.

Si hay hechos de violencia intrafamiliar o doméstica que sean presenciados por otras personas, o que la policía encuentre cometiéndose, ya sea que le llamen o por presenciarla, están en la obligación de detener al agresor y llevarlo ante un juez. Este tipo de hechos se llaman delitos o contravenciones flagrantes y están siendo conocidas y procesadas aún en el estado de emergencia. Contravención es cuando la violencia física provoca lesiones que dan una incapacidad de menos de tres días. Para determinar la incapacidad provocada por la violencia, se debe practicar inmediatamente del hecho un reconocimiento médico legal ordenado por la autoridad. Si es mayor la incapacidad provocada por la agresión es delito. Cualquier clase de violencia sexual o psicológica en nuestro país es delito.

Si tú no has sufrido violencia pero conoces a una amiga, vecina, familia que sí lo viva, sé tú la persona de confianza. No la juzgues, y mantente alerta, puedes estar salvando una vida.

Espero haber ayudado con esta breve nota a que estemos atentas, cuidémonos. 


Escrito por: Consuelo Bowen. 

Twitter: @Consuemary 

lunes, 8 de abril de 2019

EL DIVORCIO POR CAUSALES O CONTENCIOSO (Tercera Parte)

El divorcio por causales, conocido también  como contencioso, litigioso o controvertido, sucede cuando sólo uno de los cónyuges desea terminar el matrimonio civil. Para ello, el Código Civil ecuatoriano señala las causas que pueden invocarse para solicitarlo:

1. El adulterio de uno de los cónyuges. 
2. Los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 
3. El estado habitual de falta de armonía de los cónyuges. 
4. Las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro. 
5. La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro. 
6. Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar al otro o a los hijos en  delitos.
7. La condena ejecutoriada penal a pena privativa de libertad mayor a diez años. 
8. El que uno de los cónyuges sea alcohólico o consumir de estupefacientes. 
9. El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de seis meses ininterrumpidos.


Para iniciar el procedimiento el cónyuge que desea divorciarse debe presentar una demanda ante un Juez de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, del cantón donde se encuentre residiendo el cónyuge al que se va a demandar. La existencia de la causal invocada debe ser probada en el proceso civil, por parte del cónyuge que las alega. En tanto que el cónyuge demandado puede allanarse o presentar pruebas en contrario. En la demanda además se hará mención de la existencia de los hijos a quien debe pasarse alimentos, así como lo relativo a la tenencia y régimen de visitas.

El procedimiento a seguir se llama SUMARIO, en el que una vez presentada la demanda, y aceptada al trámite por el juzgador, se ordena la citación del cónyuge demandado, para lo cual debe indicarse la dirección exacta donde se lo puede encontrar. De ignorar por completo este dato, el juzgador puede ordenar la citación por 3 publicaciones en medios de comunicación, después de que el demandante preste juramento de desconocer su domicilio.  El costo de las publicaciones corre a cargo del cónyuge que demanda.

Una vez realizada la citación el cónyuge demandado tendrá 15 días hábiles para responder, luego de lo cual con o sin respuesta, el juzgador deberá ordenar  la realización de una audiencia que debe llevarse a cabo en un máximo de treinta días hábiles siguientes.


En dicha Audiencia, podrá llegarse a un acuerdo o conciliación, de no existir dicha posibilidad, deberán realizarse las pruebas que se anunciaron en la demanda y en la respuesta a ella si la hubo. Oídas la partes y una vez que el juzgador conoce las pruebas debe dictar sentencia, en la que además resolverá la situación de alimentos, visitas y tenencia de las y los hijos menores de edad.

Igual que ocurre con los otros tipos de divorcio, queda disuelta la sociedad conyugal, cuya liquidación, de existir patrimonio conyugal, debe realizarse en otro procedimiento.

Espero que estas líneas generales ayude a tomar decisiones y a buscar ayuda profesional de ameritarlo, en especial a las mujeres que suelen no activar este procedimiento por el temor a que se afecte la situación de sus hijos e hijas, lo cual es desde luego infundado, puesto que solicitar la terminación del vínculo matrimonial no tiene que incidir en las condiciones de hijos e hijas. 


Escrito por: Consuelo Bowen.

Twitter: @Consuemary

miércoles, 27 de febrero de 2019

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA?

El 24 de marzo próximo vamos a elegir a las y los 7 consejeros que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Son 3 hombres, 3 mujeres y 1 representante de “la plurinacionalidad”. Para ellos nos entregarán 3 papeletas distintas, y debemos marcar solamente 3 nombres, en las papeletas para elegir a los hombres y mujeres, solamente 1 en la de “plurinacionalidad”. Esta elección es muy importante pero lamentablemente poco conocida, por eso y continuando con materias electorales, antes de regresar a nuestros temas jurídicos, les voy a comentar de qué se trata este Consejo y para qué sirve.

El artículo 207 de la Constitución de la República creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es un organismo que forma parte de la Función de Transparencia y Control Social, y su misión principal es promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsar y establecer mecanismos de control social en los asuntos de interés público. En este sentido, es fundamental aclarar que, para que este organismo constitucional deje de existir o sus competencias cambien, debe realizarse una reforma constitucional vía Asamblea CONSTITUYENTE, como la que funcionó en Montecristi en el 2008, y que no es la misma que la Asamblea Nacional.


El Consejo tiene competencias como: 

-Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y las personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, desarrollen actividades de interés público o manejen recursos públicos.

-Designar al Procurador General del Estado, es decir a quien representa al Estado en todo proceso judicial y extrajudicial, y Superintendentes de Bancos, de Compañías, entre otros superintendentes, de ternas o tres nombres que proponga la Presidenta o Presidente de la República. Estas ternas o nombres pueden ser impugnados. 

-Designar al Defensor/a del Pueblo, Defensor/a Pública, Fiscal General del Estado y Contralor General del Estado, luego de agotar el proceso de selección correspondiente, mediante comisiones formadas por ciudadanos. 

-Designar a las y los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, luego de agotar el proceso de selección correspondiente, mediante comisiones formados por ciudadanos. 

¿Quiénes pueden postularse? Ciudadanos a título individual o con el auspicio de organizaciones sociales, y se requiere:

1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano.
2. Estar en goce de los derechos de participación.
3. Haber cumplido 18 años de edad al momento de presentar la postulación. 
4. Acreditar probidad notoria reconocida por el manejo adecuado y transparente de fondos públicos, para aquellas personas que los hayan manejado; desempeño eficiente en la función privada y/o pública, así como diligencia y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 
5. Acreditar trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en lucha contra la corrupción, o reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico y de defensa del interés general. El requisito de trayectoria en organizaciones sociales consiste en haber sido miembro o socio de una organización social legalmente reconocida, durante los últimos cinco años. 
6. Poseer título de tercer nivel legalmente registrado en el sistema de educación superior. 

La probidad notoria y el reconocido prestigio que evidencie compromiso cívico y de defensa del interés general consiste en haber mantenido una conducta intachable a lo largo de su vida. Cualquier ciudadano podrá fundamentadamente demostrar el incumplimiento de este requisito por parte de un candidato luego de su postulación.

El funcionamiento, competencias, y organización del Consejo están establecidos en la LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL (Suplemento del Registro Oficial No. 22, 9 de Septiembre 2009)

Como podemos apreciar, elegir a las y los integrantes de este Consejo es muy importante. Actualmente este organismo está a cargo de personas que transitoriamente y como resultado de la consulta popular de febrero de 2018, ejercen por designación directa del actual Presidente de la República, las competencias que le son atribuidas. Debo indicar que antes de la Constitución de la República vigente desde 2008, las designaciones de autoridades como las mencionadas, eran realizadas por el Congreso Nacional.

Espero esta información les ayude a tomar su mejor decisión en las próximas elecciones. 


Escrito por: Consuelo Bowen. 
Twitter: @Consuemary 

miércoles, 30 de enero de 2019

CANDIDATAS Y CANDIDATOS: ¿QUÉ ACCIONES PROPONEN POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES? (SEGUNDA PARTE)

En materia de desarrollo. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, los costos de la violencia intrafamiliar, en la microeconomía, se puede dividir en cuatro categorías: costos directos, efectos no monetarios, efectos multiplicadores económicos y efectos multiplicadores sociales. Los costos directos incluyen el valor de los bienes y servicios (servicios de salud, unidades judiciales, entre otros) destinados a la prevención, atención a las víctimas, y sanción a los agresores.  Entre los efectos multiplicadores económicos tenemos menor participación de las mujeres en el mercado laboral, menos productividad laboral, ausentismo, alta rotación de personal, pérdida de talento humano capacitado y el presentismo (está presente en el trabajo pero no produce como se espera).

Las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar son menos productivas en su trabajo lo que constituye una pérdida directa para la producción nacional. A su vez las mujeres que son menos productivas tienden a ganar menos ingresos y esto, a su vez, implica un menor gasto de consumo y un consecuente menor nivel de demanda agregada. Además, la violencia intrafamiliar requiere del uso de escasos recursos (incluyendo gastos en los sistemas policiales, judiciales y la provisión de servicios sociales) que, de lo contrario, podrían ser usados para otros propósitos. Cabe indicar también los impactos sociales como la reducción en la calidad de vida de las personas, así como daños no cuantificables como el entorpecimiento del desarrollo de niños y niñas que viven en hogares violentos.

No olvidemos que la autonomía económica de las mujeres contribuye a disminuir el riesgo de la violencia y de romper dinámicas violentas por ejemplo al interior de las familias.


En este sentido el COOTAD indica por ejemplo que en el ejercicio de la competencia de fomento de las actividades productivas y agropecuaria, art. 135, que  es competencia constitucional de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y parroquiales rurales, se establecerán programas y proyectos orientados al incremento de la productividad, optimización del riego, asistencia técnica, suministro de insumos agropecuarios y transferencia de tecnología, en el marco de la soberanía alimentaria, dirigidos principalmente a los micro y pequeños productores. Dice el Código de manera textual que: “El fomento de la actividad productiva y agropecuaria debe estar orientada al acceso equitativo a los factores de producción, para lo cual los diferentes niveles de gobierno evitarán la concentración o acaparamiento de estos recursos productivos; impulsarán la eliminación de privilegios o desigualdades en el acceso a ellos; y desarrollarán políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación hacia las mujeres productoras”.

Así mismo, el ejercicio de la competencia de hábitat y vivienda, artículo 147 del COOTAD, comprende que el Estado en todos los niveles de gobierno garantizará el derecho a un hábitat seguro y saludable y una vivienda adecuada y digna, con independencia de la situación social y económica de las familias y las personas. “Los planes y programas desarrollarán además proyectos de financiamiento para vivienda de interés social y mejoramiento de la vivienda precaria, a través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar”.



El COOTAD indica, que entre las funciones del GAD provincial está:

- Fomentar actividades productivas y agropecuarias provinciales 

GAD municipal están: 

- Promover procesos de desarrollo de desarrollo económico local  en su territorio, poniendo especial atención en el sector de economía popular y solidaria, en coordinación con los otros niveles de gobierno.

- Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal.

- Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, empresariales o profesionales que se desarrollen en locales.

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural

- Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo, coordinando las políticas públicas atinentes a sus competencias y territorio con los demás niveles de gobierno

- Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente en la economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, coordinando con los demás niveles de gobierno.

INSTITUCIONALIDAD LOCAL:

El COOTAD en su artículo 249 sobre “Presupuesto para los grupos de atención prioritaria” ordena que  “No se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria”.

Conforme el artículo 35 de la Constitución de la República, entre otros sectores, son grupo de atención prioritaria las mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia doméstica, sexual, maltrato.

No hay que olvidar además lo que dice el COOTAD en su artículo 148 sobre “Ejercicio de las competencias de protección integral a la niñez y adolescencia, en el sentido de que todo los niveles de gobierno deben “asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes que les sean atribuidas por la Constitución, este Código y el Consejo Nacional de Competencias en coordinación con la ley que regule el sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia. Para el efecto, se observará estrictamente el ámbito de acción determinado en este Código para cada nivel de gobierno y se garantizará la organización y participación protagónica de niños, niñas. adolescentes, padres, madres y sus familias, como los titulares de estos derechos”.


Institucionalmente los gobiernos autónomos descentralizados están obligados, de acuerdo al artículo 327 del COOTAD de tener una comisión permanente de igualdad y génerose encargará de la aplicación transversal de las políticas de igualdad y equidad; además fiscalizará que la administración respectiva cumpla con ese objetivo a través de una instancia técnica que implementará las políticas públicas de igualdad en coordinación con los Consejos Nacionales de Igualdad de conformidad con la Constitución… Las juntas parroquiales rurales podrán conformar comisiones permanentes, o especiales de acuerdo con sus necesidades, con participación ciudadana. Cada una de las comisiones deberá ser presidida por un vocal del gobierno parroquial rural.”

Así mismo el artículo 598 del COOTAD dispone que cada gobierno autónomo descentralizado metropolitano y municipal organizará y financiará un Consejo Cantonal para la Protección de los derechos humanos, para lo cual formularán, trasversalizarán, y realizarán la observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales de protección de derechos, articuladas a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad. 

“Los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos se constituirán con la participación paritaria (igualdad en el número y derechos de sus miembros) de la sociedad civil, especialmente de los titulares de derechos; del sector público, integrados por delegados de los organismos desconcentrados del gobierno nacional que tengan responsabilidad directa en la garantía, protección y defensa de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria; delegados de los gobiernos metropolitanos o municipales respectivos; y, delegados de los gobiernos parroquiales rurales. Estarán presididos por la máxima autoridad de la función ejecutiva de los gobiernos metropolitanos o municipales, o su delegado; y, su vicepresidente será electo de entre los delegados de la sociedad civil”.

En resumen las mujeres tenemos mucho que preguntar a los y las candidatas, y además establecer quienes son demagogos o demagogas, que al final del día no cumplirán sus propuestas.
Nos toca a nosotras ser vigilantes de lo que las y los candidatos prometen, y a los ganadores y ganadoras fiscalizar.

Y NO OLVIDEN QUE LAS LEYES NO SE CUMPLEN SI NO LAS CONOCEMOS Y EXIGIMOS.


Escrito por: Consuelo Bowen.

Twitter: @Consuemary

lunes, 28 de enero de 2019

CANDIDATAS Y CANDIDATOS: ¿QUÉ ACCIONES PROPONEN POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES? (PRIMERA PARTE)

Los y las candidatas a autoridades de Prefecturas, Municipios y Juntas Parroquiales, en el marco de las atribuciones que tienen en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, deben informarnos a la ciudadanía cuales son las acciones concretas que proponen para cumplirlas.

Para ello es importante que recordemos que la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, publicada en el Suplemento del Registro Oficial  No. 175, de 5 de febrero de 2018, establece en su artículo 38 las atribuciones que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sean prefecturas a nivel de provincias, municipios, estos en los cantones, y Juntas Parroquiales, en parroquias rurales, tienen en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, en el marco de las competencias propias de cada nivel territorial de gobierno, y de los lineamientos nacionales coordinados por el Sistema Nacional Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Estas atribuciones son: 

- Diseñar, formular y ejecutar normativa y políticas locales para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores. 

- Formular y ejecutar ordenanzas, resoluciones, planes y programas para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores.

 

Crear y fortalecer Juntas Cantonales de Protección de Derechos, así como capacitar al personal en atención y emisión de medidas. (Municipio)

-  Promover la creación de Centros de Equidad y Justicia para la Protección de Derechos y brindar atención a las mujeres víctimas de violencia de género, con equipos técnicos y especializados.

- Garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género, los servicios integrales de casas de acogida con personal especializado, tanto en los cantones como en las provincias, que pueden  establecerse en mancomunidad o a través de alianzas público- privadas, debidamente articulados con la Red de Casas de Acogida a nivel nacional.

- Promover campañas de prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres.

- Establecer mecanismos para la detección y derivación a las instituciones del Sistema Nacional Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

-  Diseñar e implementar un sistema de recolección de información sobre casos de violencia de género  para el registro nacional.

- Implementar protocolos de detección, valoración de riesgo, información y referencia de mujeres víctimas de violencia.

- Evaluar de manera periódica el nivel de satisfacción de las usuarias en los servicios de atención

-  Desarrollar mecanismos comunitarios o barriales de prevención como alarmas, rondas de vigilancia y acompañamiento, asentamiento de espacios públicos, en conjunto con la Policía Nacional y demás instituciones involucradas. 

- Promover iniciativas locales como Mesa Intersectorial de Violencia, Sistema Provincial Integrado de Prevención y Atención de las Víctimas de Violencia de Género. 

- Definir instrumentos para el estricto control de todo espectáculo público a fin de prohibir, suspender o clausurar aquellos en los que se promuevan la violencia o discriminación; o la reproducción de estereotipos que reproducen la desigualdad. (Municipio)

No deben olvidar las y los candidatos que en la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres, por lo menos, debe considerarse:

En materia de Inclusión y equidad. La violencia contra las mujeres es una forma extrema de discriminación, de acuerdo a instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de toda las Formas de Discriminación contra la Mujer, de la ONU, limita el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, como es a la vida, a la salud, a la educación, entre otros.

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, que regula las competencias, funciones y atribuciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, provinciales, municipales y parroquiales, indica como función de todos estos niveles de gobierno:

- Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales.

- Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción en su territorio.

- Ejecutar sus competencias y prestar los servicios que les corresponda con criterios como participación y equidad.

En materia de seguridad ciudadana. La violencia intrafamiliar, la más visibilizada de las violencias, debe ser considerada como una problemática que vulnera derechos y está en la base de la violencia pública.  El primer espacio de socialización de las personas es el hogar, es donde aprendemos a relacionarnos, por lo que una familia en que existe violencia, intolerancia, falta de respeto, es una familia desprotectora y generadora de ciudadanos y ciudadanas que normalizan la violencia. Otras formas de violencia son la sexual y la más extrema, el femicidio.

La seguridad ciudadana en términos de la Constitución de la República, artículo 393, implica la seguridad humana, que es asegurar la convivencia pacífica de las personas, el promover una cultura de paz y la prevención de la violencia, discriminación y la comisión de infracciones y delitos.


Sabemos que 6 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia, Desde el 2014 en que el Código Orgánico Integral Penal entró en vigencia, COIP, más de 600 mujeres han muerto a causa de la violencia machista.

De acuerdo al COOTAD, todos los niveles de gobierno tienen funciones con respecto a la seguridad ciudadana, coordinando con la Policía Nacional, organismos relacionados y sobre todo con la ciudadanía:

- Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial:

Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria

Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad, y otros organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana 

- Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal: 

Implementar sistemas de protección integral para grupos de atención prioritaria, en especial la conformación de Consejos Cantonales, juntas cantonales, y redes de protección. Coordinará con los gobiernos provinciales y parroquiales.

Regular y controlar el uso del espacio público cantonal  y de manera particular el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de publicidad, redes o señalización (por ejemplo no publicidad sexista o que implique discriminación)
Crear y conformar los consejos de seguridad ciudadana, para formular, ejecutar y evaluar políticas y planes de la materia, en la que debe participar la policía nacional, la comunidad y organismos relacionados.

- Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural:

Promover los sistemas de protección integral  

Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana en el marco de sus competencias territoriales.

En la siguiente entrega hablaremos de otros puntos importantes que los y las candidatas deben tener en cuenta, tomando acción para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.  


Escrito por: Consuelo Bowen. 
Twitter: @Consuemary

jueves, 17 de enero de 2019

EL DIVORCIO EN EL ECUADOR (SEGUNDA PARTE) EL DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO

El matrimonio civil puede terminar por decisión de ambos cónyuges o esposos, cuando esto ocurre estamos frente a un divorcio por mutuo consentimiento, que puede realizarse por uno de estos dos procedimientos:

De acuerdo a la Ley Notarial de nuestro país, los notarios públicos pueden tramitar el divorcio por mutuo consentimiento y terminación de la unión de hecho, en los casos en que no existan hijos menores de 18 años de edad o  bajo la dependencia de ambos cónyuges o esposos.

En este caso, las partes expresarán bajo juramento, su voluntad libre y definitiva de disolver el vínculo matrimonial o la terminación de la unión de hecho según sea el caso, declarando además que no tienen en común hijos menores de 18 años de edad  o bajo su dependencia. A la solicitud de divorcio realizada por los dos cónyuges o esposos debe adjuntarse la partida de matrimonio.

El notario público ordenará que los comparecientes reconozcan sus respectivas firmas y rúbricas y fijará fecha y hora para que tenga lugar una audiencia, dentro de un plazo (días hábiles y no hábiles) no mayor a diez días, en el que las partes deberán ratificarse en su acuerdo y de viva voz  expresar su voluntad de divorciarse o dar por terminada la unión de hecho. De esta audiencia el notario público levantará un acta en la que declarará disuelto el vínculo matrimonial o la terminación de la unión de hecho de la que, debidamente protocolizada, se entregará copias certificadas a las partes para la inscripción en el Registro Civil.



Si la audiencia no se lleva a cabo en la fecha señalada por la o el notario, los cónyuges o personas en unión de hecho podrán solicitar nueva fecha y hora para que tenga lugar la misma, debiendo cumplirse dentro del plazo de cinco días posteriores a la fecha en la cual debió celebrarse originalmente. De no darse la audiencia, la o el notario archivará la petición.

Para la comparecencia en la audiencia las partes podrán asistir personalmente o nombrando un procurador especial. A petición de las partes y de mutuo consentimiento, la o el Notario en el mismo acto procederá a la liquidación de sociedad de bienes o de la sociedad conyugal según las reglas que hemos visto en anteriores publicaciones.

2. PROCEDIMIENTO VOLUNTARIO ANTE UN JUEZ DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CUANDO HAY HIJOS MENORES DE 18 AÑOS O BAJO DEPENDENCIA DE AMBOS CÓNYUGES O ESPOSOS.

El Código Civil establece que los cónyuges o esposos pueden divorciarse en procedimiento voluntario que se encuentra descrito en el Código Orgánico General de Procesos.

El procedimiento voluntario se inicia con una solicitud firmada por los dos cónyuges, con el patrocinio de un abogado por cada uno, a la que se acompaña la partida de matrimonio y las partidas de nacimientos de los hijos en común. Esta solicitud o demanda se presenta ante un Juez de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en la que también se hacen constar la existencia de bienes conyugales o de la sociedad de unión de hecho.

Recibida la petición el juzgador convocará a los cónyuges o a los convivientes a audiencia, a la cual comparecerán personalmente o a través de un procurador judicial y ratificarán su decisión de dar por terminado el matrimonio o la sociedad de hecho, así como el acuerdo al que han llegado sobre la situación de las o los hijos menores de dieciocho años o bajo su dependencia y de los bienes. 



Previo a la audiencia de divorcio, el juzgador convocará a una audiencia previa (familiar) en la que comparecerán los hijos e hijas menores de 18 años de edad y familiares, cuyos nombres también deben constar en la petición, con la finalidad de nombrar un CURADOR AD LITEM, que es una persona, familiar de los menores de edad, que los representará solamente para efectos de la audiencia del divorcio, a la cual ya no deberán comparecer los hijos. El nombre de la persona que será Curador constará también en la petición.

El juzgador en la misma audiencia pronunciará sentencia declarando disuelto el vínculo matrimonial o la unión de hecho y dispondrá la inscripción de la sentencia en el Registro Civil.

El divorcio por mutuo consentimiento no podrá darse si no existe acuerdo sobre la situación de los hijos menores de 18 años de edad o bajo dependencia de los cónyuges. Situación que comprende pensión alimenticia así como tenencia y forma en que han de darse las visitas a los hijos menores de edad.

En caso de no existir acuerdo sobre los bienes comunes, el divorcio sí puede darse quedando la posibilidad de iniciar los juicios de inventario y partición de la sociedad conyugal o de la sociedad de hecho, esto es la liquidación, de lo cual ya hemos hablado en otras publicaciones.

En la próxima publicación hablaremos sobre el divorcio por causales o litigioso, es decir, cuando no existe acuerdo para terminar el matrimonio.


Escrito por: Consuelo Bowen.

Twitter: @consuemary