lunes, 8 de abril de 2019

EL DIVORCIO POR CAUSALES O CONTENCIOSO (Tercera Parte)

El divorcio por causales, conocido también  como contencioso, litigioso o controvertido, sucede cuando sólo uno de los cónyuges desea terminar el matrimonio civil. Para ello, el Código Civil ecuatoriano señala las causas que pueden invocarse para solicitarlo:

1. El adulterio de uno de los cónyuges. 
2. Los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar. 
3. El estado habitual de falta de armonía de los cónyuges. 
4. Las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro. 
5. La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro. 
6. Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar al otro o a los hijos en  delitos.
7. La condena ejecutoriada penal a pena privativa de libertad mayor a diez años. 
8. El que uno de los cónyuges sea alcohólico o consumir de estupefacientes. 
9. El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de seis meses ininterrumpidos.


Para iniciar el procedimiento el cónyuge que desea divorciarse debe presentar una demanda ante un Juez de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, del cantón donde se encuentre residiendo el cónyuge al que se va a demandar. La existencia de la causal invocada debe ser probada en el proceso civil, por parte del cónyuge que las alega. En tanto que el cónyuge demandado puede allanarse o presentar pruebas en contrario. En la demanda además se hará mención de la existencia de los hijos a quien debe pasarse alimentos, así como lo relativo a la tenencia y régimen de visitas.

El procedimiento a seguir se llama SUMARIO, en el que una vez presentada la demanda, y aceptada al trámite por el juzgador, se ordena la citación del cónyuge demandado, para lo cual debe indicarse la dirección exacta donde se lo puede encontrar. De ignorar por completo este dato, el juzgador puede ordenar la citación por 3 publicaciones en medios de comunicación, después de que el demandante preste juramento de desconocer su domicilio.  El costo de las publicaciones corre a cargo del cónyuge que demanda.

Una vez realizada la citación el cónyuge demandado tendrá 15 días hábiles para responder, luego de lo cual con o sin respuesta, el juzgador deberá ordenar  la realización de una audiencia que debe llevarse a cabo en un máximo de treinta días hábiles siguientes.


En dicha Audiencia, podrá llegarse a un acuerdo o conciliación, de no existir dicha posibilidad, deberán realizarse las pruebas que se anunciaron en la demanda y en la respuesta a ella si la hubo. Oídas la partes y una vez que el juzgador conoce las pruebas debe dictar sentencia, en la que además resolverá la situación de alimentos, visitas y tenencia de las y los hijos menores de edad.

Igual que ocurre con los otros tipos de divorcio, queda disuelta la sociedad conyugal, cuya liquidación, de existir patrimonio conyugal, debe realizarse en otro procedimiento.

Espero que estas líneas generales ayude a tomar decisiones y a buscar ayuda profesional de ameritarlo, en especial a las mujeres que suelen no activar este procedimiento por el temor a que se afecte la situación de sus hijos e hijas, lo cual es desde luego infundado, puesto que solicitar la terminación del vínculo matrimonial no tiene que incidir en las condiciones de hijos e hijas. 


Escrito por: Consuelo Bowen.

Twitter: @Consuemary

miércoles, 27 de febrero de 2019

¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE EL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA?

El 24 de marzo próximo vamos a elegir a las y los 7 consejeros que integrarán el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Son 3 hombres, 3 mujeres y 1 representante de “la plurinacionalidad”. Para ellos nos entregarán 3 papeletas distintas, y debemos marcar solamente 3 nombres, en las papeletas para elegir a los hombres y mujeres, solamente 1 en la de “plurinacionalidad”. Esta elección es muy importante pero lamentablemente poco conocida, por eso y continuando con materias electorales, antes de regresar a nuestros temas jurídicos, les voy a comentar de qué se trata este Consejo y para qué sirve.

El artículo 207 de la Constitución de la República creó el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Es un organismo que forma parte de la Función de Transparencia y Control Social, y su misión principal es promover e incentivar el ejercicio de los derechos relativos a la participación ciudadana, impulsar y establecer mecanismos de control social en los asuntos de interés público. En este sentido, es fundamental aclarar que, para que este organismo constitucional deje de existir o sus competencias cambien, debe realizarse una reforma constitucional vía Asamblea CONSTITUYENTE, como la que funcionó en Montecristi en el 2008, y que no es la misma que la Asamblea Nacional.


El Consejo tiene competencias como: 

-Establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y las personas jurídicas del sector privado que presten servicios públicos, desarrollen actividades de interés público o manejen recursos públicos.

-Designar al Procurador General del Estado, es decir a quien representa al Estado en todo proceso judicial y extrajudicial, y Superintendentes de Bancos, de Compañías, entre otros superintendentes, de ternas o tres nombres que proponga la Presidenta o Presidente de la República. Estas ternas o nombres pueden ser impugnados. 

-Designar al Defensor/a del Pueblo, Defensor/a Pública, Fiscal General del Estado y Contralor General del Estado, luego de agotar el proceso de selección correspondiente, mediante comisiones formadas por ciudadanos. 

-Designar a las y los miembros del Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral y Consejo de la Judicatura, luego de agotar el proceso de selección correspondiente, mediante comisiones formados por ciudadanos. 

¿Quiénes pueden postularse? Ciudadanos a título individual o con el auspicio de organizaciones sociales, y se requiere:

1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano.
2. Estar en goce de los derechos de participación.
3. Haber cumplido 18 años de edad al momento de presentar la postulación. 
4. Acreditar probidad notoria reconocida por el manejo adecuado y transparente de fondos públicos, para aquellas personas que los hayan manejado; desempeño eficiente en la función privada y/o pública, así como diligencia y responsabilidad en el cumplimiento de sus obligaciones. 
5. Acreditar trayectoria en organizaciones sociales, en participación ciudadana, en lucha contra la corrupción, o reconocido prestigio que evidencie su compromiso cívico y de defensa del interés general. El requisito de trayectoria en organizaciones sociales consiste en haber sido miembro o socio de una organización social legalmente reconocida, durante los últimos cinco años. 
6. Poseer título de tercer nivel legalmente registrado en el sistema de educación superior. 

La probidad notoria y el reconocido prestigio que evidencie compromiso cívico y de defensa del interés general consiste en haber mantenido una conducta intachable a lo largo de su vida. Cualquier ciudadano podrá fundamentadamente demostrar el incumplimiento de este requisito por parte de un candidato luego de su postulación.

El funcionamiento, competencias, y organización del Consejo están establecidos en la LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL SOCIAL (Suplemento del Registro Oficial No. 22, 9 de Septiembre 2009)

Como podemos apreciar, elegir a las y los integrantes de este Consejo es muy importante. Actualmente este organismo está a cargo de personas que transitoriamente y como resultado de la consulta popular de febrero de 2018, ejercen por designación directa del actual Presidente de la República, las competencias que le son atribuidas. Debo indicar que antes de la Constitución de la República vigente desde 2008, las designaciones de autoridades como las mencionadas, eran realizadas por el Congreso Nacional.

Espero esta información les ayude a tomar su mejor decisión en las próximas elecciones. 


Escrito por: Consuelo Bowen. 
Twitter: @Consuemary 

miércoles, 30 de enero de 2019

CANDIDATAS Y CANDIDATOS: ¿QUÉ ACCIONES PROPONEN POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES? (SEGUNDA PARTE)

En materia de desarrollo. Según datos del Banco Interamericano de Desarrollo, los costos de la violencia intrafamiliar, en la microeconomía, se puede dividir en cuatro categorías: costos directos, efectos no monetarios, efectos multiplicadores económicos y efectos multiplicadores sociales. Los costos directos incluyen el valor de los bienes y servicios (servicios de salud, unidades judiciales, entre otros) destinados a la prevención, atención a las víctimas, y sanción a los agresores.  Entre los efectos multiplicadores económicos tenemos menor participación de las mujeres en el mercado laboral, menos productividad laboral, ausentismo, alta rotación de personal, pérdida de talento humano capacitado y el presentismo (está presente en el trabajo pero no produce como se espera).

Las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar son menos productivas en su trabajo lo que constituye una pérdida directa para la producción nacional. A su vez las mujeres que son menos productivas tienden a ganar menos ingresos y esto, a su vez, implica un menor gasto de consumo y un consecuente menor nivel de demanda agregada. Además, la violencia intrafamiliar requiere del uso de escasos recursos (incluyendo gastos en los sistemas policiales, judiciales y la provisión de servicios sociales) que, de lo contrario, podrían ser usados para otros propósitos. Cabe indicar también los impactos sociales como la reducción en la calidad de vida de las personas, así como daños no cuantificables como el entorpecimiento del desarrollo de niños y niñas que viven en hogares violentos.

No olvidemos que la autonomía económica de las mujeres contribuye a disminuir el riesgo de la violencia y de romper dinámicas violentas por ejemplo al interior de las familias.


En este sentido el COOTAD indica por ejemplo que en el ejercicio de la competencia de fomento de las actividades productivas y agropecuaria, art. 135, que  es competencia constitucional de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y parroquiales rurales, se establecerán programas y proyectos orientados al incremento de la productividad, optimización del riego, asistencia técnica, suministro de insumos agropecuarios y transferencia de tecnología, en el marco de la soberanía alimentaria, dirigidos principalmente a los micro y pequeños productores. Dice el Código de manera textual que: “El fomento de la actividad productiva y agropecuaria debe estar orientada al acceso equitativo a los factores de producción, para lo cual los diferentes niveles de gobierno evitarán la concentración o acaparamiento de estos recursos productivos; impulsarán la eliminación de privilegios o desigualdades en el acceso a ellos; y desarrollarán políticas específicas para erradicar la desigualdad y discriminación hacia las mujeres productoras”.

Así mismo, el ejercicio de la competencia de hábitat y vivienda, artículo 147 del COOTAD, comprende que el Estado en todos los niveles de gobierno garantizará el derecho a un hábitat seguro y saludable y una vivienda adecuada y digna, con independencia de la situación social y económica de las familias y las personas. “Los planes y programas desarrollarán además proyectos de financiamiento para vivienda de interés social y mejoramiento de la vivienda precaria, a través de la banca pública y de las instituciones de finanzas populares, con énfasis para las personas de escasos recursos económicos y las mujeres jefas de hogar”.



El COOTAD indica, que entre las funciones del GAD provincial está:

- Fomentar actividades productivas y agropecuarias provinciales 

GAD municipal están: 

- Promover procesos de desarrollo de desarrollo económico local  en su territorio, poniendo especial atención en el sector de economía popular y solidaria, en coordinación con los otros niveles de gobierno.

- Implementar el derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el territorio cantonal.

- Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de actividades económicas, empresariales o profesionales que se desarrollen en locales.

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural

- Elaborar el plan parroquial rural de desarrollo, coordinando las políticas públicas atinentes a sus competencias y territorio con los demás niveles de gobierno

- Fomentar la inversión y el desarrollo económico especialmente en la economía popular y solidaria, en sectores como la agricultura, ganadería, artesanía y turismo, coordinando con los demás niveles de gobierno.

INSTITUCIONALIDAD LOCAL:

El COOTAD en su artículo 249 sobre “Presupuesto para los grupos de atención prioritaria” ordena que  “No se aprobará el presupuesto del gobierno autónomo descentralizado si en el mismo no se asigna, por lo menos, el diez por ciento (10%) de sus ingresos no tributarios para el financiamiento de la planificación y ejecución de programas sociales para la atención a grupos de atención prioritaria”.

Conforme el artículo 35 de la Constitución de la República, entre otros sectores, son grupo de atención prioritaria las mujeres, niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia doméstica, sexual, maltrato.

No hay que olvidar además lo que dice el COOTAD en su artículo 148 sobre “Ejercicio de las competencias de protección integral a la niñez y adolescencia, en el sentido de que todo los niveles de gobierno deben “asegurar los derechos de niñas, niños y adolescentes que les sean atribuidas por la Constitución, este Código y el Consejo Nacional de Competencias en coordinación con la ley que regule el sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia. Para el efecto, se observará estrictamente el ámbito de acción determinado en este Código para cada nivel de gobierno y se garantizará la organización y participación protagónica de niños, niñas. adolescentes, padres, madres y sus familias, como los titulares de estos derechos”.


Institucionalmente los gobiernos autónomos descentralizados están obligados, de acuerdo al artículo 327 del COOTAD de tener una comisión permanente de igualdad y génerose encargará de la aplicación transversal de las políticas de igualdad y equidad; además fiscalizará que la administración respectiva cumpla con ese objetivo a través de una instancia técnica que implementará las políticas públicas de igualdad en coordinación con los Consejos Nacionales de Igualdad de conformidad con la Constitución… Las juntas parroquiales rurales podrán conformar comisiones permanentes, o especiales de acuerdo con sus necesidades, con participación ciudadana. Cada una de las comisiones deberá ser presidida por un vocal del gobierno parroquial rural.”

Así mismo el artículo 598 del COOTAD dispone que cada gobierno autónomo descentralizado metropolitano y municipal organizará y financiará un Consejo Cantonal para la Protección de los derechos humanos, para lo cual formularán, trasversalizarán, y realizarán la observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas municipales de protección de derechos, articuladas a las políticas públicas de los Consejos Nacionales para la Igualdad. 

“Los Consejos Cantonales para la Protección de Derechos se constituirán con la participación paritaria (igualdad en el número y derechos de sus miembros) de la sociedad civil, especialmente de los titulares de derechos; del sector público, integrados por delegados de los organismos desconcentrados del gobierno nacional que tengan responsabilidad directa en la garantía, protección y defensa de los derechos de las personas y grupos de atención prioritaria; delegados de los gobiernos metropolitanos o municipales respectivos; y, delegados de los gobiernos parroquiales rurales. Estarán presididos por la máxima autoridad de la función ejecutiva de los gobiernos metropolitanos o municipales, o su delegado; y, su vicepresidente será electo de entre los delegados de la sociedad civil”.

En resumen las mujeres tenemos mucho que preguntar a los y las candidatas, y además establecer quienes son demagogos o demagogas, que al final del día no cumplirán sus propuestas.
Nos toca a nosotras ser vigilantes de lo que las y los candidatos prometen, y a los ganadores y ganadoras fiscalizar.

Y NO OLVIDEN QUE LAS LEYES NO SE CUMPLEN SI NO LAS CONOCEMOS Y EXIGIMOS.


Escrito por: Consuelo Bowen.

Twitter: @Consuemary

lunes, 28 de enero de 2019

CANDIDATAS Y CANDIDATOS: ¿QUÉ ACCIONES PROPONEN POR LA IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES? (PRIMERA PARTE)

Los y las candidatas a autoridades de Prefecturas, Municipios y Juntas Parroquiales, en el marco de las atribuciones que tienen en la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, deben informarnos a la ciudadanía cuales son las acciones concretas que proponen para cumplirlas.

Para ello es importante que recordemos que la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar la Violencia contra la Mujer, publicada en el Suplemento del Registro Oficial  No. 175, de 5 de febrero de 2018, establece en su artículo 38 las atribuciones que los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sean prefecturas a nivel de provincias, municipios, estos en los cantones, y Juntas Parroquiales, en parroquias rurales, tienen en materia de prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, en el marco de las competencias propias de cada nivel territorial de gobierno, y de los lineamientos nacionales coordinados por el Sistema Nacional Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Estas atribuciones son: 

- Diseñar, formular y ejecutar normativa y políticas locales para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores. 

- Formular y ejecutar ordenanzas, resoluciones, planes y programas para la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores.

 

Crear y fortalecer Juntas Cantonales de Protección de Derechos, así como capacitar al personal en atención y emisión de medidas. (Municipio)

-  Promover la creación de Centros de Equidad y Justicia para la Protección de Derechos y brindar atención a las mujeres víctimas de violencia de género, con equipos técnicos y especializados.

- Garantizar a las mujeres víctimas de violencia de género, los servicios integrales de casas de acogida con personal especializado, tanto en los cantones como en las provincias, que pueden  establecerse en mancomunidad o a través de alianzas público- privadas, debidamente articulados con la Red de Casas de Acogida a nivel nacional.

- Promover campañas de prevención y erradicación de la violencia de género contra las mujeres.

- Establecer mecanismos para la detección y derivación a las instituciones del Sistema Nacional Integral para la Prevención y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

-  Diseñar e implementar un sistema de recolección de información sobre casos de violencia de género  para el registro nacional.

- Implementar protocolos de detección, valoración de riesgo, información y referencia de mujeres víctimas de violencia.

- Evaluar de manera periódica el nivel de satisfacción de las usuarias en los servicios de atención

-  Desarrollar mecanismos comunitarios o barriales de prevención como alarmas, rondas de vigilancia y acompañamiento, asentamiento de espacios públicos, en conjunto con la Policía Nacional y demás instituciones involucradas. 

- Promover iniciativas locales como Mesa Intersectorial de Violencia, Sistema Provincial Integrado de Prevención y Atención de las Víctimas de Violencia de Género. 

- Definir instrumentos para el estricto control de todo espectáculo público a fin de prohibir, suspender o clausurar aquellos en los que se promuevan la violencia o discriminación; o la reproducción de estereotipos que reproducen la desigualdad. (Municipio)

No deben olvidar las y los candidatos que en la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres, por lo menos, debe considerarse:

En materia de Inclusión y equidad. La violencia contra las mujeres es una forma extrema de discriminación, de acuerdo a instrumentos internacionales como la Convención sobre la Eliminación de toda las Formas de Discriminación contra la Mujer, de la ONU, limita el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres, como es a la vida, a la salud, a la educación, entre otros.

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, que regula las competencias, funciones y atribuciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, provinciales, municipales y parroquiales, indica como función de todos estos niveles de gobierno:

- Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales.

- Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y avanzar en la gestión democrática de la acción en su territorio.

- Ejecutar sus competencias y prestar los servicios que les corresponda con criterios como participación y equidad.

En materia de seguridad ciudadana. La violencia intrafamiliar, la más visibilizada de las violencias, debe ser considerada como una problemática que vulnera derechos y está en la base de la violencia pública.  El primer espacio de socialización de las personas es el hogar, es donde aprendemos a relacionarnos, por lo que una familia en que existe violencia, intolerancia, falta de respeto, es una familia desprotectora y generadora de ciudadanos y ciudadanas que normalizan la violencia. Otras formas de violencia son la sexual y la más extrema, el femicidio.

La seguridad ciudadana en términos de la Constitución de la República, artículo 393, implica la seguridad humana, que es asegurar la convivencia pacífica de las personas, el promover una cultura de paz y la prevención de la violencia, discriminación y la comisión de infracciones y delitos.


Sabemos que 6 de cada 10 mujeres ha sufrido algún tipo de violencia, Desde el 2014 en que el Código Orgánico Integral Penal entró en vigencia, COIP, más de 600 mujeres han muerto a causa de la violencia machista.

De acuerdo al COOTAD, todos los niveles de gobierno tienen funciones con respecto a la seguridad ciudadana, coordinando con la Policía Nacional, organismos relacionados y sobre todo con la ciudadanía:

- Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial:

Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria

Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad, y otros organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana 

- Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal: 

Implementar sistemas de protección integral para grupos de atención prioritaria, en especial la conformación de Consejos Cantonales, juntas cantonales, y redes de protección. Coordinará con los gobiernos provinciales y parroquiales.

Regular y controlar el uso del espacio público cantonal  y de manera particular el ejercicio de todo tipo de actividad que se desarrolle en él, la colocación de publicidad, redes o señalización (por ejemplo no publicidad sexista o que implique discriminación)
Crear y conformar los consejos de seguridad ciudadana, para formular, ejecutar y evaluar políticas y planes de la materia, en la que debe participar la policía nacional, la comunidad y organismos relacionados.

- Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural:

Promover los sistemas de protección integral  

Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana en el marco de sus competencias territoriales.

En la siguiente entrega hablaremos de otros puntos importantes que los y las candidatas deben tener en cuenta, tomando acción para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres.  


Escrito por: Consuelo Bowen. 
Twitter: @Consuemary

jueves, 17 de enero de 2019

EL DIVORCIO EN EL ECUADOR (SEGUNDA PARTE) EL DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO

El matrimonio civil puede terminar por decisión de ambos cónyuges o esposos, cuando esto ocurre estamos frente a un divorcio por mutuo consentimiento, que puede realizarse por uno de estos dos procedimientos:

De acuerdo a la Ley Notarial de nuestro país, los notarios públicos pueden tramitar el divorcio por mutuo consentimiento y terminación de la unión de hecho, en los casos en que no existan hijos menores de 18 años de edad o  bajo la dependencia de ambos cónyuges o esposos.

En este caso, las partes expresarán bajo juramento, su voluntad libre y definitiva de disolver el vínculo matrimonial o la terminación de la unión de hecho según sea el caso, declarando además que no tienen en común hijos menores de 18 años de edad  o bajo su dependencia. A la solicitud de divorcio realizada por los dos cónyuges o esposos debe adjuntarse la partida de matrimonio.

El notario público ordenará que los comparecientes reconozcan sus respectivas firmas y rúbricas y fijará fecha y hora para que tenga lugar una audiencia, dentro de un plazo (días hábiles y no hábiles) no mayor a diez días, en el que las partes deberán ratificarse en su acuerdo y de viva voz  expresar su voluntad de divorciarse o dar por terminada la unión de hecho. De esta audiencia el notario público levantará un acta en la que declarará disuelto el vínculo matrimonial o la terminación de la unión de hecho de la que, debidamente protocolizada, se entregará copias certificadas a las partes para la inscripción en el Registro Civil.



Si la audiencia no se lleva a cabo en la fecha señalada por la o el notario, los cónyuges o personas en unión de hecho podrán solicitar nueva fecha y hora para que tenga lugar la misma, debiendo cumplirse dentro del plazo de cinco días posteriores a la fecha en la cual debió celebrarse originalmente. De no darse la audiencia, la o el notario archivará la petición.

Para la comparecencia en la audiencia las partes podrán asistir personalmente o nombrando un procurador especial. A petición de las partes y de mutuo consentimiento, la o el Notario en el mismo acto procederá a la liquidación de sociedad de bienes o de la sociedad conyugal según las reglas que hemos visto en anteriores publicaciones.

2. PROCEDIMIENTO VOLUNTARIO ANTE UN JUEZ DE FAMILIA, MUJER, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, CUANDO HAY HIJOS MENORES DE 18 AÑOS O BAJO DEPENDENCIA DE AMBOS CÓNYUGES O ESPOSOS.

El Código Civil establece que los cónyuges o esposos pueden divorciarse en procedimiento voluntario que se encuentra descrito en el Código Orgánico General de Procesos.

El procedimiento voluntario se inicia con una solicitud firmada por los dos cónyuges, con el patrocinio de un abogado por cada uno, a la que se acompaña la partida de matrimonio y las partidas de nacimientos de los hijos en común. Esta solicitud o demanda se presenta ante un Juez de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia, en la que también se hacen constar la existencia de bienes conyugales o de la sociedad de unión de hecho.

Recibida la petición el juzgador convocará a los cónyuges o a los convivientes a audiencia, a la cual comparecerán personalmente o a través de un procurador judicial y ratificarán su decisión de dar por terminado el matrimonio o la sociedad de hecho, así como el acuerdo al que han llegado sobre la situación de las o los hijos menores de dieciocho años o bajo su dependencia y de los bienes. 



Previo a la audiencia de divorcio, el juzgador convocará a una audiencia previa (familiar) en la que comparecerán los hijos e hijas menores de 18 años de edad y familiares, cuyos nombres también deben constar en la petición, con la finalidad de nombrar un CURADOR AD LITEM, que es una persona, familiar de los menores de edad, que los representará solamente para efectos de la audiencia del divorcio, a la cual ya no deberán comparecer los hijos. El nombre de la persona que será Curador constará también en la petición.

El juzgador en la misma audiencia pronunciará sentencia declarando disuelto el vínculo matrimonial o la unión de hecho y dispondrá la inscripción de la sentencia en el Registro Civil.

El divorcio por mutuo consentimiento no podrá darse si no existe acuerdo sobre la situación de los hijos menores de 18 años de edad o bajo dependencia de los cónyuges. Situación que comprende pensión alimenticia así como tenencia y forma en que han de darse las visitas a los hijos menores de edad.

En caso de no existir acuerdo sobre los bienes comunes, el divorcio sí puede darse quedando la posibilidad de iniciar los juicios de inventario y partición de la sociedad conyugal o de la sociedad de hecho, esto es la liquidación, de lo cual ya hemos hablado en otras publicaciones.

En la próxima publicación hablaremos sobre el divorcio por causales o litigioso, es decir, cuando no existe acuerdo para terminar el matrimonio.


Escrito por: Consuelo Bowen.

Twitter: @consuemary

lunes, 7 de enero de 2019

EL DIVORCIO EN EL ECUADOR (PRIMERA PARTE)

En Arabia Saudita se acaba de aprobar una ley por la cual las mujeres tienen derecho a recibir un mensaje de texto en su celular, avisándoles si sus esposos se divorcian de ellas, con lo cual se intenta acabar con la práctica conocida popularmente como “divorcios secretos”.

En el Ecuador, las leyes son muy distintas y las mujeres estamos protegidas ante tales prácticas, sin embargo el desconocimiento de los contenidos de las normas que rigen el divorcio en el Ecuador, nos expone a las mujeres poco acostumbradas a los problemas legales, a que se produzcan vulneraciones de nuestros derechos durante un procedimiento de divorcio.


Por eso vamos a empezar el año 2019 con una serie de publicaciones sobre
los procedimientos y formas de divorcio que existen en el Ecuador, y cómo podemos acceder a estos procedimientos.

Lo primero que hay que saber es que una forma de concluir el matrimonio civil
es el divorcio que en el Ecuador es permitido. Existen varios procedimientos para divorciarse en el Ecuador dependiendo de si:

a.- Hay acuerdo entre ambos esposos o cónyuges para divorciarse. En cuyo caso depende el procedimiento de si existen hijos e hijas menores de edad o no.

Este tipo de divorcio se llama DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO.

b.- Si es uno de los esposos o cónyuges el o la que desea divorciarse, para lo cual deben existir causas que quien demanda debe probar. Esta causas están previstas en el Código Civil y son:

1. El adulterio del cónyuge o esposo a quien se pide el divorcio

2. Tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar

3. Estado habitual, cotidiano de falta de armonía de los esposos o cónyuges

4. Amenazas graves contra la vida del cónyuge o esposo que demanda el divorcio

5. Tentativa contra la vida del cónyuge que pide el divorcio

6. Actos ejecutados para involucrar al cónyuge que reclama el divorcio  o a los hijos en delitos.

7. Si el cónyuge a quien se pide el divorcio está condenado a más de diez años de pena privativa de libertad.

8. Que el cónyuge sea ebrio consuetudinario

9. Abandono injustificado por más de 6 meses ininterrumpidos por parte de uno de los cónyuges o esposos.

Este tipo de divorcio se denomina DIVORCIO POR CAUSALES O LITIGIOSO.



En cualquiera de los procedimientos, al existir hijos e hijas menores de 18 años de edad, hijos e hijas discapacitados o que teniendo hasta 21 años de edad se encuentren estudiando, imposibilitados para sustentarse, deberá quedar resuelto la condición de pensiones alimenticias.  También deben quedar establecidas las situaciones de  tenencia  es decir el cuidado diario (no es lo mismo que patria potestad) de hijos menores de 18 años de edad y visitas a los mismos, antes de declararse el divorcio.

Demandar el divorcio no significa renunciar a ningún derecho con respecto a los hijos, así como el patrimonio conyugal. Esta aclaración la realizo especialmente porque muchas mujeres que acuden a mi consulta, por temas de divorcio, temen que de solicitarlo puedan perjudicar la situación de sus hijos e hijas.

En la próxima entrega profundizaremos sobre el divorcio por mutuo consentimiento.


Escrito por: Consuelo Bowen.

Twitter: @consuemary 


martes, 11 de diciembre de 2018

PENSIONES ALIMENTICIAS ADICIONALES, VISITAS Y OTRAS CIRCUNSTANCIAS A TOMAR EN CUENTA EN DICIEMBRE

Diciembre suele ser el mes en que los anhelos de mejores días para las relaciones familiares afloran, y como madres deseamos que nuestros hijos e hijas disfruten de esta época. Sin embargo muchas veces la realidad nos enfrenta a situaciones que nos exigen entereza e incluso estar alertas muy a nuestro pesar. 

En ese sentido debemos tomar en cuenta que:

1.- Si nuestros hijos e hijas tienen una pensión alimenticia fijada, de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia el alimentado tiene derecho a percibir dos pensiones alimenticias adicionales:

Una que se pagará en septiembre en las provincias del régimen educativo de la sierra, o en abril en las provincias del régimen educativo de la costa.

Otra que se pagará en diciembre.

El pago de las pensiones adicionales se realizará aunque el demandado no trabaje bajo relación de dependencia.

2.- Si nuestros hijos e hijas se encuentran en un régimen de visitas este no se modifica a menos que se haya acordado o previsto en la resolución judicial respectiva.


En caso de incumplimiento del régimen de visitas se debe acudir a un policía de la DINAPEN a fin de que levante el respectivo parte policial, que deberá ponerlo en conocimiento del respectivo Juez de la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia. 

Esto lo puede realizar la madre cuando el padre no acude a visitar a su hijo de acuerdo al régimen de visitas determinado, y resulta de mucha ayuda, en caso de reclamaciones posteriores que realice el progenitor en relación a la tenencia, patria potestad o cambio de régimen de visitas.

3.- El no tener recursos económicos en estas fechas, ni en ninguna otra,  NO es causal de pérdida de la tenencia de hijos e hijas. Esta aclaración es necesaria pues muchas mujeres acuden a la consulta a preguntar si el ser pobres o no tener empleo puede ser un motivo para que les “quiten a sus hijos”.

4.- Recordemos que la violencia intrafamiliar puede elevarse en estas épocas.  Las presiones económicas, la falta de empleo o simplemente las mismas relaciones familiares deterioradas pueden catapultar la violencia, ante lo cual debemos estar alertas para actuar:

-Si tiene una denuncia puesta, tenga a mano su boleta de auxilio, es preferible si la tiene emplastificada para que no se deteriore. Es recomendable que una copia de la misma la tengan personas de confianza como algún familiar, amiga o vecina, de manera que si debe llamar a la policía, esta persona pueda apoyar.

-Igualmente tenga en cuenta el botón de auxilio, e identifique las unidades policiales más cercana, las cuales deben estar enteradas de la situación de violencia intrafamiliar. Recuerde, denunciar la violencia y pedir apoyo no debe avergonzarla, al contrario es su derecho.

-Si no tiene una denuncia puesta, y se da un hecho de violencia intrafamiliar puede acudir a la policía para que le preste ayuda, e incluso lleve detenido al agresor en caso de que se de en forma flagrante. Flagrante es cuando una infracción penal es cometida en presencia de otras personas o se la descubre inmediatamente.  Por ejemplo cuando una persona golpea a su pareja en la calle puede llamarse a la policía para que detenga a quien está agrediendo.

-Si por alguna circunstancia se llega a  reclamar pensiones alimenticias o hacer respetar un régimen de visitas y se teme por la integridad física es recomendable poner la respectiva denuncia a fin de contar con medidas de protección. Para ello puede acudir ante la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer, Niñez y Adolescencia. 

Espero que estas notas hayan sido de ayuda.


Escrito por: Consuelo Bowen. 

Twitter: @consuemary 

lunes, 3 de diciembre de 2018

¿QUÉ HACER SI TE DESPIDEN POR ESTAR EMBARAZADA O EN LACTANCIA?

La Constitución de la República del Ecuador, que es la ley que rige sobre las demás, dispone que el Estado debe garantizar a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, el no ser discriminadas en los ámbitos educativos, social y laboral, por lo que de acuerdo al Código de Trabajo vigente de nuestro país, el despido intempestivo de trabajadoras en estado de embarazo o asociado a su condición de gestación o maternidad, es INEFICAZ, es decir no produce la interrupción de la relación laboral, puesto que les protege el principio de inamovilidad o imposibilidad de ser removidas de su puesto de trabajo.

Sin embargo es importante indicar que para que sea aplicable la ineficacia es necesario que se haya notificado previamente al empleador haciendo conocer esa condición, mediante el certificado otorgado por un profesional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y a falta de este, por otro facultativo; salvo que el estado de embarazo sea notorio; o que exista prueba fehaciente  que demuestre que el empleador conocía por algún otro medio del estado de embarazo.


Producido el despido, la persona trabajadora afectada deberá presentar una demanda para que se lo declare ineficaz, ante la Jueza o el Juez del Trabajo del lugar donde este se produjo, en un plazo máximo de treinta días. Como es plazo se cuentan todos los días, incluyendo feriados y fines de semana. Pasados los 30 días caduca la posibilidad de reclamar.

El Juez o Jueza debe revisar la demanda y si reúne los requisitos señalados por el Código Orgánico General de Procesos debe empezar su trámite citando en el plazo de veinticuatro horas a la parte empleadora. Estos requisitos son, principalmente, hacer constar en la demanda los nombres y apellidos completos, número de cédula de identidad o ciudadanía, pasaporte, estado civil, edad, profesión u ocupación, dirección domiciliaria y electrónica de quien presenta la demanda, el RUC de la parte demandada así como sus nombres completos y la designación del lugar en que debe ser citado, la descripción detallada de los hechos ocurridos, los argumentos jurídicos que justifican la demanda, la presentación de los medios con que se prueban los hechos de la demanda, si tales medios no están accesibles para la parte demandante deben ser solicitados al juez.

El Juez o Jueza podrá dictar  medidas para el reintegro inmediato al trabajo de la trabajadora afectada, mientras dure el trámite.

Citado el empleador en 48 horas hábiles deberá realizarse una audiencia en que deben comparecer ambas partes. Esta iniciará por la conciliación, de existir acuerdo, se lo autorizará en sentencia. A falta de acuerdo se procederá a presentar ante el juez o jueza las pruebas que se hicieron constar en la demanda y también las que el empleador hizo constar en su respuesta. La Jueza o el Juez de Trabajo, dictarán sentencia en la misma audiencia. Esta sentencia puede ser apelada ante la Corte Provincial respectiva. Declarada la ineficacia, se entiende que la relación laboral no se interrumpió y se ordenará el pago de las remuneraciones pendientes con el diez por ciento (10%) de recargo. 

La trabajadora despedida puede decidir, a pesar de la declaratoria de ineficacia del despido, no regresar al empleo, en este caso recibirá la indemnización equivalente al valor de un año de la remuneración que venía percibiendo, además de las indemnizaciones generales por despido intempestivo.

Si el empleador se niega al reintegro de la trabajadora,  a pesar de lo dispuesto por el juez o jueza, podrá ser sancionado con la pena establecida en el Código Orgánico Integral Penal por el delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.

Cabe indicar que también es despido ineficaz cuando luego del uso de la licencia sin remuneración para el cuidado de hijos, a la que se acoja el padre o la madre son despedidos por este hecho.

Recordemos que el trabajador o trabajadora, concluida la licencia o permiso por maternidad o paternidad, tienen derecho a una licencia opcional y voluntaria sin remuneración, hasta por nueve (9) meses adicionales, para atender al cuidado de los hijos, dentro de los primeros doce meses de vida del niño o niña. Esta licencia aplicará también para el caso de padres o madres adoptivos.


Escrito por: Consuelo Bowen.

Twitter: @consuemary

miércoles, 21 de noviembre de 2018

LA SOCIEDAD CONYUGAL O SOCIEDAD DE BIENES: A QUÉ TENEMOS DERECHO LAS MUJERES CUANDO NOS DIVORCIAMOS O SEPARAMOS (CUARTA Y ÚLTIMA PARTE)

En esta última entrega vamos a tratar sobre cuándo se termina la sociedad conyugal. Esta se termina cuando:

a.- Se da el divorcio, ya sea por mutuo consentimiento o por causales que constan en el Código Civil (en otros artículos trataremos específicamente sobre cómo se realiza el divorcio en el Ecuador)

-El adulterio de uno de los cónyuges.
Los tratos crueles o violencia contra la mujer o miembros de la familia.

-El estado habitual de falta de armonía en la vida matrimonial.

-Las amenazas graves de un cónyuge contra la vida del otro.

-La tentativa de uno de los cónyuges contra la vida del otro.

-Los actos ejecutados por uno de los cónyuges con el fin de involucrar al otro o a los hijos en actividades ilícitas.

-La condena ejecutoriada a pena privativa de la libertad mayor a diez años.

-El que uno de los cónyuges sea ebrio consuetudinario o toxicómano.

-El abandono injustificado de cualquiera de los cónyuges por más de seis meses ininterrumpidos.

b.- Cuando un cónyuge desaparece y un juez así lo declara, para lo cual deben cumplirse requisitos que el Código civil establece, como es el tiempo transcurrido sin tener noticias de la persona desaparecida y a causa de lo cual se declara muerte presunta (presunta se refiere a que no se ha podido verificar físicamente que así ha sucedido) por parte de un juez.

c.- Cuando cualquiera de los dos cónyuges presenta una demanda o petición ante un juez para que declare disuelta la sociedad conyugal, sin que pueda presentar por parte del otro cónyuge oposición.

d.- Cuando, después de un proceso civil, se declara por parte de un juez, que el matrimonio es nulo, es decir que el acto del matrimonio civil carece de valor, lo cual puede suceder cuando:

-El cónyuge sobreviviente se casa con el autor o cómplice del delito o tentativa de homicidio, asesinato, sicariato o femicidio del cónyuge fallecido o que haya sobrevivido.

-Uno de los cónyuges es menor de 18 años de edad.

-Uno de los cónyuges está casado con otra persona.

-Uno de los cónyuges tiene discapacidad intelectual que afecte su consentimiento y voluntad.

-Los cónyuges son parientes entre sí por consaguinidad o por afinidad (parientes políticos)


Puede existir separación parcial de bienes por lo que esta continuará la sociedad en los bienes que no están considerados en la disolución parcial de la sociedad conyugal.

El cónyuge que tiene a cargo el cuidado los hijos menores de dieciocho años, hijos adultos hasta la edad de veintiún años que demuestren que se encuentran cursando estudios en cualquier nivel educativo que les impida o dificulte trabajar; y, aquellos de cualquier edad, que padezcan de una discapacidad o sus circunstancias físicas o mentales les impida o dificulte valerse por sí mismos, tendrá derecho a quedarse en la vivienda familiar, en el caso de que exista un solo bien social destinado a vivienda.

Si uno de los cónyuges dolosamente, o sea con intención de causar daño hubieren ocultado o  diespuesto alguna cosa de la sociedad, perderán su porción en la misma cosa, y estarán obligados a restituir el doble.

La sociedad conyugal una vez disuelta debe someterse a un procedimiento de liquidación y partición de los bienes de la sociedad conyugal, que debe realizarse mediante un procedimiento judicial.

Por último y para concluir debo referirme, a las capitulaciones matrimoniales, estos son acuerdos que celebran los cónyuges antes, al momento de la celebración o durante el matrimonio civil. Estos acuerdos deben hacerse  por escritura pública, es decir ante Notario Público, o en el acta del matrimonio civil. Si se refieren a inmuebles, se inscribirán en el Registro de la Propiedad correspondiente y, en todo caso, se anotarán al margen de la partida de matrimonio civil.

En las capitulaciones matrimoniales se deben poner:

-Los bienes que los cónyuges van a aportar al matrimonio, con expresión de su valor.
La enumeración de las deudas de cada cónyuge.

-El ingreso a la sociedad conyugal de bienes que normalmente no serían parte de ella, por ejemplo si un bien propio de uno de los cónyuges entran al patrimonio conyugal.

-La determinación, por parte de cualquiera de los cónyuges, de qué bienes quedan como propiedad individual de cada cónyuge, por ejemplo si un cónyuge dentro de matrimonio compra un bien.

Si las capitulaciones matrimoniales pueden modificarse siempre que no perjudique los intereses de otras personas.

Con estos artículos, de los cuales este es el último, he tratado de dar nociones básicas sobre la sociedad conyugal y los derechos que tenemos las mujeres cuando nos divorciamos o separamos disolviendo una unión de hecho, en cuanto al patrimonio o conjunto de bienes que adquirimos. Es importante contar con el patrocinio de una o un abogado que nos ayude a aplicar estas reglas generales, a nuestros casos individuales.

No olvidemos que son nuestros derechos que contribuyen a la autonomía económica de cada una de nosotras.


Escrito por: Consuelo Bowen.



Twitter: @consuemary

lunes, 12 de noviembre de 2018

LA SOCIEDAD CONYUGAL O SOCIEDAD DE BIENES: A QUÉ TENEMOS DERECHO LAS MUJERES CUANDO NOS DIVORCIAMOS O SEPARAMOS (TERCERA PARTE)

La sociedad conyugal, así como tiene activos, lo que vimos en la publicación anterior, también tiene pasivos, es decir valores que tiene que pagar la sociedad conyugal a favor de terceros o de uno de los cónyuges. El Código Civil ecuatoriano establece que estos valores son: 

a)  Pensiones e intereses que se generen contra la sociedad conyugal misma o contra uno de los cónyuges, a causa de la sociedad conyugal. Por ejemplo el arrendamiento de la casa que es hogar familiar o los intereses de un préstamo hipotecario destinado a la compra de una casa para la familia.

b) Las cargas y reparaciones hechas a los bienes sociales o de los propios cónyuges a causa del uso, esto es, los costos de mantenimiento, por ejemplo de una casa o un vehículo.

c) Los costos de mantención de miembros de la familia, esto es cónyuges o hijos, incluyendo gastos de enfermedad; por ejemplo de uno de los esposos, y los de educación con respecto a los hijos de los dos cónyuges.

d) Las deudas personales de cada uno de los cónyuges, sin embargo el cónyuge deudor deberá compensar a la sociedad conyugal lo que se gaste en el pago de la deuda.  
En esta categoría entran por ejemplo las deudas que contraen los cónyuges con respecto a sus bienes propios, las deudas para el mantenimiento de los hijos de los cónyuges con otras personas, las multas a las que son condenados uno de los cónyuges a causa de una infracción penal. 

Los costos judiciales o de impuestos debidos por uno de los cónyuges a causa de bienes que no ingresan a la sociedad conyugal, por ejemplo cuando se heredan bienes pero debe pagarse impuestos, los valores pueden ser pagados por la sociedad conyugal pero queda obligado el cónyuge a devolverlos al patrimonio social.

Debe entenderse además que en el caso de las deudas personales, estas deben ser canceladas primero con los recursos propios del cónyuge deudor y luego con los bienes de la sociedad conyugal, que asume la deuda temporalmente, ya que debe ser compensada por el cónyuge deudor.



LA ADMINISTRACIÓN DE  LA SOCIEDAD CONYUGAL:

Una de las últimas innovaciones de la legislación ecuatoriana es que quienes contraen matrimonio deben acordar quien administra la sociedad conyugal y hacerlo constar así en el acta del matrimonio del Registro Civil. El administrador debe sujetarse a lo que determina la Ley por ejemplo con respecto a los pasivos y activos de la sociedad conyugal que ya hemos visto.

Esto significa que el cónyuge a cargo de la administración siempre debe pedir autorización al otro cónyuge para cualquier acto (compra, venta, empeño, préstamos etc.) sobre los bienes de la sociedad conyugal que consistan en inmuebles (casas, terrenos, fincas) vehículos a motor (carros) y de las acciones o particiones mercantiles (acciones en una compañía por ejemplo). Cuando falta esta autorización el acto queda anulado.

En caso de que el cónyuge que deba autorizar no pueda hacerlo, y después de un procedimiento judicial, podrá un juez de la familia, mujer, niñez y adolescencia dar la autorización.  No poder hacerlo no es lo mismo que no querer hacerlo, lo primero es con respecto a imposibilidades como por estar enfermo, lo segundo hace referencia a no tener la voluntad de dar la autorización pudiendo.

Si alguno de los cónyuges prueba ante un juez que se realizó algún acto (compra, venta, préstamos, ect.) sin su consentimiento o autorización, podrá pedir que se cancele el acto, restituyendo el bien conyugal o puede pedir que se le indemnice o repare con los bienes del otro cónyuge. 

En caso de que el cónyuge administrador de la sociedad conyugal esté imposibilitado o esté ausente por más de tres años sin comunicación alguna, la administración pasará al otro cónyuge. Si el cónyuge administrador regresa o deja de estar imposibilitado asumirá nuevamente la administración.

En el próximo y último artículo trataremos sobre las formas de terminación de la sociedad conyugal y su repartición. 


Escrito por: Consuelo Bowen.

Twitter: @consuemary

lunes, 5 de noviembre de 2018

LA SOCIEDAD CONYUGAL O SOCIEDAD DE BIENES: A QUÉ TENEMOS DERECHO LAS MUJERES CUANDO NOS DIVORCIAMOS O SEPARAMOS. (SEGUNDA PARTE)

En esta ocasión vamos a tratar reglas básicas sobre los activos que componen la sociedad conyugal, que de acuerdo a las leyes ecuatorianas, específicamente nuestro Código Civil, se denominan HABER DE LA SOCIEDAD CONYUGAL y que se compone de:

1.- De los salarios e ingresos de todo tipo de empleos y oficios, que se hayan percibido durante el matrimonio.

2.- De todos los frutos, pensiones, intereses y ganancias de cualquier clase, que sean generados con los bienes adquiridos durante el matrimonio. 

Así mismo de todos los frutos, pensiones, intereses y ganancias de cualquier clase, que sean generados durante el matrimonio por los bienes propios de cada uno de los cónyuges. 

3.- Del dinero que cualquiera de los cónyuges aportare a la sociedad, o durante ella adquiriere. Sin embargo queda la obligación de ser devuelto por parte de la sociedad conyugal.

4.- De las cosas fungibles  y bienes muebles que cualquiera de los cónyuges aportare al matrimonio, o durante el adquiriere; quedando obligada la sociedad a restituir su valor, según el tiempo que tuvieron del aporte o adquisición.

Los bienes o cosas fungibles, son aquellas que se gastan o se destruyen cuando son utilizadas. Un ejemplo  es el dinero: cuando se usa un billete (lo entrega), lo gasta y no puede volver a utilizarlo. De todos modos, puede recuperarlo o reemplazarlo con otro del mismo valor. Los alimentos  son otro ejemplo.

Los bienes se clasifican en muebles e inmuebles. Bienes Muebles, son los que pueden trasladarse de un lugar a otro sin que se alteren o destruyan, por ejemplo, muebles de sala, dormitorio, computadoras, maquinarias, vehículos, herramientas, entre otros. Los inmuebles son por ejemplo, los terrenos, las casas, es decir no pueden trasladarse, o para ello deben ser destruidos o alterados.


5.- De todos los bienes que cualquiera de los cónyuges adquiera durante el matrimonio, a título oneroso. Con título oneroso se refiere a aquellas adquisiciones de cosas o bienes que se hace a cambio de dinero, esto es la compra, o también a cambio de otra cosa, lo cual se llama permuta o trueque. O cuando se cambia moneda nacional por moneda de otro país.

Esta lista puede modificarse a través de capitulaciones que es un acuerdo entre los cónyuges y de lo cual, hablaremos en un artículo posterior. 

No son parte de la sociedad conyugal: 

1. Los bienes de cualquier naturaleza que hayan sido adquiridos por los cónyuges antes de contraer matrimonio.

2. Los bienes obtenidos a título gratuito (sin ningún costo), por ejemplo los premios, los provenientes de herencias o legados y donaciones (regalos)

3. El inmueble que sustituye a un inmueble propio de alguno de los cónyuges. Por ejemplo si el cónyuge antes de casarse compra una finca, y durante el matrimonio sustituye la finca por otra finca, esta no es parte de la sociedad conyugal.

4. Las cosas compradas con valores propios de uno de los cónyuges, cuando así se lo acordó entre los cónyuges en una capitulación matrimonial o en una donación por causa de matrimonio, por ejemplo si una persona regala dinero a uno de los cónyuges para que compre un bien.

5. Los aumentos materiales que acrecen a cualquier bien de uno de los cónyuges, formando un mismo cuerpo por ejemplo, edificación o plantación. Por ejemplo si un cónyuge compra antes de casarse un terreno y durante el matrimonio construye o hace una plantación, esto no es parte de la sociedad conyugal.

Existen otras reglas que las señaladas aquí como básicas, que deben considerarse como que toda cantidad de dinero y de cosas o bienes, los créditos, derechos y acciones que estén en poder de cualquiera de los cónyuges al tiempo de terminar la sociedad conyugal, se presume pertenecer a ella, a menos que aparezca o se pruebe lo contrario. Sin embargo, se consideran como pertenecientes a cada cónyuge, sus vestidos, y todos los muebles de su uso personal necesario.

En la siguiente entrega hablaremos de los pasivos del patrimonio conyugal o cargas.

Escrito por: Consuelo Bowen.

Twitter: @consuemary